El juez penal de garantías Raúl Florentín condenó a dos años de pena privativa de libertad a José Peirano Basso por lesión de confianza y conducta indebida en situación de crisis y decretó la extinción del delito de estafa. De esta manera, el ex banquero uruguayo puso un punto final en el proceso abierto por las operaciones irregulares que en el año 2002 llevaron a la quiebra al Banco Alemán, cuyo perjuicio fue estimado en 27 millones de dólares.
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De acuerdo con la sentencia definitiva N° 97, dictada en el marco de un procedimiento abreviado, Peirano no cumplirá la pena en prisión, debido a que el juzgado dispuso además la suspensión a prueba de la condena a cambio de la donación de G. 250 millones a distintas entidades de beneficencia.
La decisión del magistrado cuenta con el consentimiento de los fiscales de delitos económicos Néstor Coronel y Francisco Cabrera, quienes, si bien al inicio de la audiencia preliminar se ratificaron en su acusación y pedido de juicio oral y público, ante el planteamiento de la defensa, se allanaron sin mayores cuestionamientos a la salida abreviada al proceso.
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Argumento del juzgado para la aplicación del procedimiento abreviado
En su sentencia, el magistrado Florentín explica que si bien la expectativa de pena por los delitos acusados es de hasta 5 años de pena privativa de libertad, la salida propuesta por la defensa y consentida por los representantes del Ministerio Público con la aplicación de la pena de 2 años es viable para el caso.
“Se pretende evitar el dispendio innecesario de esfuerzos, tiempo y recursos a la administración de Justicia, que ya ha juzgado conductas similares y arribado a idéntica solución jurídica que la que pretende el órgano acusador”, señala el juez, al referirse a las penas establecidas para los directivos paraguayos de la entidad.
“Al momento de evaluar cualquier tipo de sanción, el órgano jurisdiccional debe sopesar la finalidad y utilidad que podría generar su aplicación al procesado sin dejar de atender al interés de la sociedad, esto conforme al sistema seguido por nuestra legislación positiva en lo atinente al rol de las penas. Conforme al artículo 20 de nuestra Carta Magna, el cual expresa: ‘Del objeto de las penas. Las penas privativas de libertad tendrán por objeto la readaptación de los condenados y la protección de la sociedad...’, se debe atender entonces a las finalidades de prevención especial y general, sin rebasar el límite del grado de reproche penal”, argumenta Florentín.
“Tal como se puede apreciar de la lectura del artículo en cuestión, la medición de la pena debe realizarse con base al grado de reproche del autor o partícipe, y en esa perspectiva tenemos que el señor José Peirano Basso ha sido consciente de su conducta antijurídica, al punto de que ha realizado una serie de actos tendientes a reparar el daño ocasionado a las víctimas y querellantes en la presente causa”, agrega el juez.
Condenas a los directivos paraguayos del Banco Alemán
La pena aplicada al exvicepresidente del Alemán es idéntica a la que quedó establecida para los directivos paraguayos de la entidad, que tenían cargos de menor rango. En el juicio oral y público por el caso Banco Alemán, los directivos paraguayos de la entidad Fernando Sorrentino, Francisco Peterlik y Ricardo Castillo fueron condenados a 4 años y 6 meses, 4 años, 3 años y 6 meses, respectivamente, por lesión de confianza, estafa y declaración falsa.
Posteriormente, un Tribunal de Apelación elevó sus condenas a 6 años y 6 meses, 6 años y 5 años, respectivamente.
El 27 de diciembre de 2005, la Corte Suprema de Justicia redujo de seis a dos años las penas impuestas a Sorrentino y Peterlik por lesión de confianza, estafa y declaración falsa cometidas en el Banco Alemán, mientras que Castillo fue absuelto. El fallo está firmado por Wildo Rienzi, Sindulfo Blanco y Alicia Pucheta, quien votó en disidencia.
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Llamativamente, estas penas son ínfimas si comparadas a las aplicadas a los exdirectivos de otra entidad igualmente afectada por el descalabro financiero registrado tras la intervención del Banco Alemán, pese a que el perjuicio de las operaciones verificadas en esa entidad es muy inferior al registrado en el caso del Alemán, el cual se estimó en US$ 27 millones.
Es el caso de Multibanco, por ejemplo, cuyos directivos Pedro Miraglio y Enrique von Eckartsberg fueron sentenciados a 8 años de pena privativa de libertad por lesión de confianza y favorecimiento de acreedores, pena que quedó firme en noviembre del 2006. En esta causa, el perjuicio patrimonial fue de G. 55.534.036.620 (US$ 4.359.951 al cambio de la época).
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Entidades beneficiadas con la donación de José Peirano Basso
Al hacer lugar a la suspensión a prueba de la ejecución de la condena aplicada a José Peirano Basso, el juez Florentín establece la obligación de reparar el daño social ocasionado mediante la donación de la suma de G. 250 millones, para lo cual el exbanquero cuenta con un periodo de dos años.
Las entidades que serán beneficiadas con la donación son las siguientes:
- Fundación Asoleu - G. 50.000.000
- Fundación San Joaquín y Santa Ana del padre Aldo Trento - G. 50.000.000
- Casa Madre Tuparenda - G. 50.000.000
- Fundación de Lupus Paraguay (FULUPY) - G. 50.000.000
- Hogar Jardín de Esperanza - G. 50.000.000
En el caso Banco Alemán, la Fiscalía detectó la prenda de los fondos del Banco Alemán en el exterior (US$ 24 millones), para la obtención de millonarios créditos a favor de la empresa vinculada Velox Investiment Company y la captación y remesa de dinero de ahorristas al Trade & Commerce Bank (TCB) de Islas Caimán por US$ 52 millones. También fue cuestionada una operación de arbitraje simulada para cubrir una transferencia ilegal de 1 millón de dólares al TCB y la consignación de datos falsos en los balances de la entidad.
Proceso en el caso Fondos Mutuos Banalemán
El otro proceso que soporta Peirano Basso en nuestro país es por el caso de Fondos Mutuos Banalemán, referente a operaciones de inversión y de arrendamiento de títulos o instrumentos de Fondos Mutuos con empresas vinculadas al Grupo Velox, que sobrepasaron los límites establecidos por la Ley 811/98 (25%), así como la consignación de datos falsos en los balances de la entidad.
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En esta causa, el fiscal Silvio Corbeta, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (Udea), acusó y pidió juicio oral y público para Peirano Basso por las irregularidades detectadas en la entidad y que, según la acusación, causaron un perjuicio de US$ 13.640.091,14.
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La audiencia preliminar, inicialmente fijada para el 19 de octubre pasado, fue postergada para noviembre debido a que la defensa de Peirano presentó reposo por covid-19. Esta causa se tramita ante el juzgado penal de garantías N° 1, a cargo de la jueza Clara Ruiz Díaz.