El presidente del Indert, Francisco Ruiz Diaz informó que la comisión de Cuentas y Ejecución Presupuestaria del Congreso le invitó para analizar el caso Antebi Cué, específicamente sobre la posibilidad de vender el inmueble a sus ocupantes, con el fin de su regularización. El mismo aclaró que para encarar dicho proceso, el Indert tendrá que hacer estudios técnicos sobre la situación de dicha finca.
“Uno de los aspectos del estudio a realizar es si sirve a los propósitos de la reforma agraria, tal cual establece el Estatuto Agrario, que comprenderá un análisis del suelo, para determinar si la tierra es conveniente para desarrollar actividades minifundiarias en la región oriental”, refirió el titular del Indert.
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Añadió que también se requiere preparar un segundo informe sobre la tasación del inmueble y a partir de los informes que se recaben sobre dichas tierras, se determinará si son o no aptas para la reforma agraria.
“En base a dicho estudio que hará el Indert, se deberá tomar la decisión de que los precios sean acordes al mercado, porque no se les podría dar tratamiento de beneficiarios de la reforma agraria”, acotó.
Por su parte, el diputado Raúl Benítez, declaró que el Indert realizará los estudios previos sobre la situación de la tierra y definirá la lista de ocupantes, la tasación oficial, antes de tomar decisiones.
Invasores vips desde hace 27 años
Según los datos, en el 2023 se cumplen 27 años desde que unos 20 “ganaderos” se establecieron en forma irregular en unas 79.096 hectáreas, del total de 224.000 hectáreas expropiadas por el Estado paraguayo en 1995, para la reforma agraria, a la firma Comercial e Inmobiliaria Paraguayo Argentina SA (Cipasa), de la familia Antebi.
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Antecedentes Ley tuvo veto de Cartes
Recordemos que en junio de 2016, el entonces presidente de la República, Horacio Cartes, rechazó totalmente el proyecto de Ley N° 5.521/2015, “que establece un régimen especial y transitorio para la regularización de la tenencia y ocupación irregular de las fracciones de los inmuebles que forman parte de las fincas que fueron expropiadas por la Ley N° 517/95″. Ese documento fue presentado en 2012 por Magdaleno Silva (+), Blas Vera Bejarano, Luis Gneiting (+), Mirta Ramona Mendoza, Cándido Aguilera, Luis Neuman, y fue archivado en 2016, tras la aceptación del veto total del Ejecutivo.