El Tribunal de Apelación penal especializado en delitos económicos, crimen organizado y anticorrupción otorgó una prórroga extraordinaria de seis meses para que el Ministerio Público presente requerimiento conclusivo en el proceso al exministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) Joaquín Roa y al empresario Alberto Koube, abierto como derivación del megaoperativo antinarcotráfico “A Ultranza Py”.
Joaquín Daniel Roa Burgos está procesado por la supuesta comisión de cohecho pasivo agravado y lavado de dinero, mientras que Alberto Koube Ayala es investigado por la supuesta comisión de soborno agravado y lavado de dinero.
Los camaristas Arnulfo Arias, Bibiana Benítez y Andrea Vera Aldana hicieron lugar a la solicitud realizada por el fiscal Silvio Corbeta de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), quien fundamentó su petición en la complejidad de los hechos investigados.
En ese sentido, Corbeta explicó que realizó numerosos actos investigativos para colectar elementos de prueba relacionados con los hechos investigados, tales como allanamientos, declaraciones testificales, solicitud de informes bancarios de personas físicas y jurídicas investigadas, informes de la Secretaría Nacional de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), Secretaria de Emergencia Nacional (SEN), Dirección Nacional de Aduanas (DNA), Prefectura Naval, así como informes de Abogacía del Tesoro, de los Registros Púbicos, Registro del Automotor, de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), entre otros.
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Diligencias pendientes en la investigación a Joaquín Roa y Alberto Koube
Sin embargo, ante la proximidad de la fecha incialmente establecida para la presentación del requerimiento conclusivo -el 26 de octubre- aún se encuentran pendientes de realización varias diligencias de suma importancia para el esclarecimiento de los hechos investigados.
“Debido a la complejidad del hecho investigado, de los informes recabados surgieron otros hechos que deben ser corroborados con declaraciones testificales, informes, y la solicitud de la cooperación internacional hasta la fecha no han podido agotar todas las diligencias necesarias para formar el convencimiento necesario para la formular requerimiento conclusivo, explicó el fiscal Corbeta.
“Teniendo en cuenta que el requerimiento obedece a actos investigativos propuestos por el Ministerio Público en los que se advierte su excepcional complejidad, corresponde ampliar el plazo de la investigación por el tiempo referido” resolvió por unanimidad los miembros del Tribunal, que establecieron como nueva fecha para la presentación del requerimiento conclusivo el 26 de abril del 2024.
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Megaoperativo contra el narcotráfico A Ultranza
La causa penal en contra de Roa tuvo su origen en allanamientos que resultaron en la inmovilización de una embarcación denominada Antares, que estaba a nombre de la empresa Tapyracuai SA, representada por el empresario Alberto Koube Ayala, acusado en el marco de la causa abierta a partir del megaoperativo antinarcotráfico “A Ultranza”.
Ante el escándalo, Roa renunció a su cargo de ministro y el pasado 26 de abril fue imputado con base en elementos que probarían que, durante su paso por la función pública, habría recibido beneficios indebidos por parte de Koube, con quien mantendría una relación de amistad, a cambio de adjudicar licitaciones públicas a favor del empresario.
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Roa intentó justificar la compra de la embarcación -cuyo valor estimó en US$ 450.000 (más de G. 3.200 millones al cambio actual) presentando un contrato privado sin certificación de firma. Los investigadores cuentan también con un cheque del banco Basa por US$ 150.000, pero los investigadores presumen que es una simulación de pago.
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Roa, quien se encontraba en prisión desde el 5 de mayo último, fue beneficiado con la revisión de medidas el 11 de agosto pasado por disposición del Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado, en mayoría.