La investigación fiscal comenzó con una primera denuncia de pobladores de la compañía Tacuarita de Mbocayaty del Guairá y de guardaparques de la Reserva de Recursos Manejados del Ybytyruzú, a mediados del año pasado. Se abrió una causa contra Julio David Pérez y Susanne Gabrielle Honig, ambos extranjeros, propietarios de la empresa NGA Emprendimientos.
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El fiscal del Medio Ambiente de Villarrica, Erico Ávalos, indicó que constató que la firma explotaba la cantera sin autorización del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) y el 14 de julio del 2022 ordenó la suspensión de los trabajos. Sin embargo, la medida se levantó meses después cuando la empresa presentó la licencia ambiental, que fue expedida recién el 7 de octubre.
A pesar de que la cantera se estaba explotando sin autorización del Mades, los responsables nunca fueron imputados. Además, pobladores testificaron que NGA Emprendimientos nunca dejó de operar a pesar de la orden de suspensión, pero el caso siguió congelado hasta ahora. Recientemente los vecinos volvieron a denunciar a la empresa, pero en esta oportunidad por el uso de explosivos sin autorización de la Dirección de Material Bélico (Dimabel).
“Los responsables nos acercaron la licencia ambiental, no así una autorización de la Dirección de Material Bélico, que es la institución del Estado que tiene que autorizar la utilización de explosivos. Tenemos denuncias de que ellos sí están o estaban utilizando explosivos (...) Está abierta la investigación penal por incumplimiento de medidas de mitigación. Y hay declaraciones testificales de vecinos de que el explosivo ha provocado grietas en su casa, eso también vamos a verificar”, indicó el agente fiscal. Lo mismo ocurre con la autorización del Viceministerio de Minas y Energías.
El representante del Ministerio Público también informó que está gestionando una orden de allanamiento, porque los propietarios de la cantera se negaron a una inspección de la Dimabel. “Se fue la gente de Dimabel queriendo ingresar en el local para verificar. Ellos son los que tienen la capacidad para analizar si utilizan o no explosivos. Como no le habilitaron entrar, entonces la Dimabel solicitó vía Ministerio Público una autorización judicial para ingresar. Vamos a pedir una orden de allanamiento y en estos días vamos a ir a verificar con los funcionarios de la Dimabel”, agregó Erico Ávalos.
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Cuenta con autorización, según abogado
El abogado de NGA emprendimiento, Rodrigo Cardozo, sostuvo que la empresa ya cuenta con autorización del Viceministerio y de la Dimabel, pero alegó que los propietarios se negaron a la inspección porque no contaban con una orden de allanamiento. “Le pedimos una copia de los documentos y no nos facilitó. Además, el fiscal de Medio Ambiente de Villarrica confirmó que no recibieron ninguna documentación de la firma”.
Ávalos remarcó que él está abocado a indagar si existen delitos ambientales y que son el Mades o la Municipalidad de Mbocayaty las instituciones encargadas de exigir el cumplimiento de las normas ambientales y de hasta de clausurar la cantera en caso de irregularidades.