El ministro del Interior, Federico González, cuestionó que un Juzgado argentino haya ordenado la interdicción de navegación de dos remolcadores por la falta de pago del peaje de la hidrovía. Las embarcaciones son de banderas paraguaya y boliviana.
González calificó lo ocurrido de una “violación del derecho internacional”. Agregó que desde hace meses las autoridades paraguayas y de países vecinos se viene reuniendo sobre el cobro del peaje por parte de Argentina.
Mencionó que incluso el presidente Mario Abdo Benítez viajó para reunirse con su par, Alberto Fernández, para hablar sobre este tema específico. “Y la semana pasada tuvimos en Asunción una reunión regional muy importante de países en desarrollo, con presencia de autoridades de las Naciones Unidas, de distintos países, de distintas regiones (...) Y en todo momento se destacó la importancia de la libertad de tránsito y la libertad de navegación de los ríos internacionales”, planteó.
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Finalmente, indicó que se seguirá insistiendo sobre este asunto con Argentina. “El Comité de la Hidrovía se viene reuniendo regularmente, todos los países presentan sus reclamos correspondientes... y está en el gobierno argentino ver qué determinación tomar, pero desde todo punto de vista esto no corresponde”, insistió González.
Peaje en la hidrovía: canciller se reúne con embajador argentino
Por otra parte, a través de las redes sociales del Ministerio de Relaciones Exteriores se informó que el canciller Julio Arriola convocó al embajador de la República Argentina, José Domingo Peppo, para tratar la situación planteada con la retención de las embarcaciones en aguas del río Paraná. “El Gobierno nacional realizó el reclamo por escrito el pasado sábado”, recordaron.
La Cancillería de Paraguay ya envió una nota de reclamo, puesto que no se justifica la implementación del cobro del peaje en la Comisión del Acuerdo de la Hidrovía por parte de Argentina, según indicó el ministro Arriola la semana pasada.
La retención de dichos buques por la Prefectura Naval Argentina se dio el viernes pasado en el puerto de San Lorenzo, provincia de Santa Fe, Argentina, y sería hasta la cancelación de deuda de US$ 4.232,13 generada por el pago de peaje impuesto por la Administración General de Puertos de Argentina.