Ayer martes se llevó a cabo la audiencia preliminar de Miguel Ángel Robles Ibarra, exdirector de Gabinete y a la vez exasesor del exgobernador de Central Hugo Javier González Alegre (ANR cartista), y el juez especializado Humberto Otazú se negó a la petición de la defensa del procesado y resolvió que Robles enfrente juicio oral y público por el presunto desvío de G. 5.105 millones, del fondo covid-19 que el Ejecutivo desembolsó a la Gobernación del departamento Central para la reactivación económica durante la pandemia.
El abogado Guillermo Duarte Cacavelos, representante legal de Robles Ibarra, solicitó para su cliente “sobreseimiento definitivo”; sin embargo, el fiscal de la causa, Rodrigo Estigarribia, se opuso y pidió que sea juzgado en un juicio oral y público, ya que el Ministerio Público cuenta con muchos elementos que prueban que el exdirector de Gabinete era el cerebro de un esquema delictivo que se creó en la misma institución departamental.
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Robles fue imputado el 1 de noviembre de 2022 por la presunta comisión de los hechos de lesión de confianza, declaración falsa, asociación criminal y producción de documentos no auténticos, en la causa más conocida como “facturas clonadas”, y desde entonces presentó varias chicanas para dilatar el proceso penal en su contra.
Robles habría ordenado reemplazo de facturas
Según la investigación fiscal, la rendición de cuentas fue plagada de facturas clonadas por servicios que ni siquiera fueron prestados, por una supuesta orden de Robles Ibarra. Las justificaciones de la supuesta ejecución del dinero fueron presentadas en una rendición de cuentas en la Contraloría General de la República (CGR) en dos momentos: el primero fue efectuado el 25 de mayo de 2021 y el segundo en julio del mismo año.
Para la primera rendición, Miguel Robles, en mayo de 2021 habría solicitado al presidente de la ONG Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), Tadeo Álvarez (con salida procesal), datos escaneados de su entidad, es decir, el RUC, cédulas de identidad del mismo Tadeo Álvarez (presidente) y Paulino de los Santos (tesorero), escritura pública y otros documentos.
Cabe destacar que esta ONG fue la elegida por el exgobernador Hugo Javier González y su equipo para la ejecución de los proyectos, es decir que CIAP fue la que retiró los G. 5.105 millones del fondo covid-19, según los papeles.
Según la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos, supuestamente Robles se comprometió a rediseñar la presentación de la rendición de cuentas porque “en ella existían varias facturas irregulares, ya que eran clonadas o no emitidas por los titulares”.
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Sin embargo, para “rediseñar” dicha rendición hizo que las supuestas facturas irregulares sean reemplazadas por otras, para presentarlas en una “nueva rendición”. Se sospecha que Robles tenía facturas originales de otros contratistas que no habrían prestado servicio alguno, que las utilizaría, pero luego negaría el hecho.
En esta causa se investiga el destino de G. 5.105 millones del fondo covid-19 que el Ejecutivo desembolsó en diciembre de 2020, a la Gobernación de Central. Según documentos a los que accedió ABC, el recurso no fue utilizado para los fines establecidos por ley y las rendiciones de cuentas fueron adulteradas con facturas clonadas, causando un millonario daño patrimonial durante los peores momentos del covid-19 en 2021.
Fueron imputadas 16 personas, de las cuales varias fueron beneficiadas con salidas procesales y resarcieron parte del daño causado. En el caso del presidente de la ONG CIAP, Tadeo Álvarez, fue condenado a un año de pena privativa de libertad con suspensión de la ejecución de la pena y se le impuso una multa de G. 100 millones. Además, el mismo colaboró con la Fiscalía y ahora será testigo en el juicio contra Hugo Javier, Miguel Robles y otros.
Miguel Ángel Robles es conocido como “maletinero” por sus antecedentes que datan del año 2008 cuando se desempeñaba como funcionario de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP).
Fue imputado por soborno agravado luego de ser denunciado por el propio presidente de la institución de aquel entonces, Albino González, por participar de una rosca de recaudación paralela en “maletines para la corona” o los “jefes de turno”. Fue absuelto en 2018 debido a la prescripción de la causa.