La próxima semana podría tratarse el pedido de intervención de la administración del intendente colorado de la localidad de Ñemby, Tomás Olmedo (ANR-FR), en la Cámara de Diputados. La Junta Municipal y un sector de la ciudadanía está expectante del resultado.
En junio último los ediles aprobaron por unanimidad el pedido de intervención de la administración comunal y ahora los concejales esperan que la Cámara Baja, integrada recientemente, actúe a favor de la ciudadanía y la transparencia.
“Estamos expectantes porque queremos la intervención para la ciudad. Consideramos que es justo y necesario porque a diario salen a la luz los supuestos hechos de corrupción; queremos la transparencia total en la administración”, expresó el concejal colorado, Marcelo Martínez.
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El edil se refirió a los recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) que fueron destinados a las instituciones educativas para construcciones y reparaciones, pero que son muy cuestionados por los padres.
“Cada día están saliendo más cosas, como el uso del Fonacide en las escuelas. Tal es el caso de la escuela María Auxiliadora del barrio Mbocayaty donde se puso en riesgo la vida de los niños porque se firmó un contrato conforme a unas especificaciones técnicas y se colocaron materiales de menor calidad. Esto ya supera los límites y esperamos que la Cámara de Diputados muestre que le interesa la ciudadanía”, expresó el edil.
Los concejales denunciaron sobrefacturaciones en la instalación de sistema de iluminación en espacios públicos, como en el Cerro Ñemby, donde se tenía que colocar 21 columnas para alumbrado, pero solo fueron instaladas solo 11, según indicaron.
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También se cuestiona la transferencia en forma indiscriminada de recursos a las comisiones vecinales. Las obras y transferencias se realizaron mediante la vía de la excepción y a espaldas de la Junta Municipal, indicó el concejal Marcelo Martínez.
El jefe comunal manifestó en en más de una ocasión que todo tipo de control es saludable para una administración, pero recurrió al Tribunal de Cuentas para impugnar la sesión del 5 de junio, en la cual se aprobó la solicitud de intervención.
También asegura que todos los trabajos y transferencias se realizaron en la marco de la ley y que cuenta con los documentos que respaldan su gestión.