El juez penal de garantías Gustavo Amarilla admitió la acusación presentada contra Víctor Javier Paredes Valenzuela, Luis Alberto Benitez Escobar, Juan Darío Echague González y Noelia Giménez por los fiscales Antidrogas Fabiola Molas, Ysaac Ferreira y Osmar Segovia. En consecuencia, estas personas procesadas en el marco del Operativo Status afrontarán juicio oral y público por lavado de dinero y asociación criminal junto con el pedrojuanino Julio Duarte Servián, propietario de Zafra Cambios.
El operativo fue realizado el 11 de setiembre de 2020, fecha en que Julio Duarte Servián, fue aprehendido en su lujosa residencia de Pedro Juan Caballero durante un allanamiento ejecutado por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).
De acuerdo con los datos manejados por los investigadores, Duarte Servián supuestamente blanqueaba en su casa de cambios Zafra el dinero que generaba el clan García Morínigo de Pedro Juan Caballero con la venta de cocaína.
El clan García Morínigo era comandado por Emidio Morínigo Ximenes y operado por sus hijos Kleber García Morínigo y Jefferson García Morínigo, todos brasileños, quienes fueron expulsados de Paraguay y entregados a la Policía Federal del Brasil.
La acusación refiere que la organización criminal creada en el Brasil por el referido clan habría traficado unos 19 cargamentos de cocaína entre los años 2015 y 2020, con un total de aproximadamente 3 toneladas de dicha sustancia, aunque existen reportes de cargamentos de años anteriores al 2015.
Esposa de Julio Duarte Servián, entre los acusados
Una de las acusadas, Noelia Giménez, es la esposa de Duarte Servián y según la acusación, realizó una variedad de operaciones financieras para asistir a su esposo, tanto a través de Zafra Cambios S. A. sucursal Pedro Juan Caballero como de Casa Cambiaria Uniexpress S. A., en la que figura como accionista.
La acusación fiscal afirma que Paredes Valenzuela es testaferro del Clan García Morínigo y en tal carácter en el año 2016 constituyó con Luana García Morínigo la sociedad anónima Grupo Factor, en la que figura como presidente.
A su vez, Echague González es accionista de Zafra, mientras que Benítez Escobar fue síndico titular y de contador de Grupo Factor SA y de otra firma vinculada, Stylus Pet Shop S. A.
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“El principal operador financiero de la organización criminal, fue identificado como Robson Lourival Alcaraz Ajala, quien tenía directa conexión con Julio César Duarte Servián, alias Julio Tingura, quien tenía un alto porcentaje de acciones en la Casa de Cambios Zafra Cambios S.A. sucursal de Pedro Juan Caballero, a través de la cual, se valían para insertar al sistema financiero el beneficio obtenido del tráfico internacional de drogas peligrosas, a través del lavado de activos” precisa la acusación.
En su acusación, el Ministerio Público solicita el comiso de una serie de inmuebles ubicados en Asunción, Pedro Juan Caballero, Bella Vista Norte y Ciudad del Este, vehículos y así como dinero depositado en cuentas registradas a nombre de los acusados en distintas entidades financieras del país.
Acusación por secuestro de cambista
Julio César Duarte Servián está acusado por el secuestro del cambista Vicente Arsenio Centurión Bogado, de 54 años, cuyo cuerpo fue encontrado el 20 de febrero pasado en General Artigas, departamento de Itapúa.
La acusación, presentada por el fiscal Antisecuestro Lorenzo Lezcano a principio del corriente mes, también está dirigida contra el piloto boliviano Luis Darío Candia Zelada, actualmente recluido en la Agrupación Especializada.
En este caso, Duarte habría actuado como intermediario para el cobro de una parte del rescate exigido a la familia del cambista.
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Centurión fue secuestrado el 3 de agosto de 2022 en la ciudad de San Lorenzo.
Posteriormente, los captores contactaron con el hijo de la víctima José Carlos Centurión, a quien solicitaron la entrega de US$ 800.000 que sería el valor del cargamento, presumiblemente 400 kilos de cocaína, que desapareció de una avioneta que aterrizó y quedó varada en un cañaveral en Iturbe, Guairá, el 15 de junio de 2022. }
La última ubicación en tiempo real que envió Vicente a su hijo José Carlos lo situó en San Lorenzo, más específicamente frente al domicilio de Gustavo Osmar González, uno de los imputados por el rapto, quien habría sido el que entregó a la víctima a los narcotraficantes.
La familia del secuestrado entregó US$ 52.000 a los captores, el 5 de agosto de 2022, de los US$ 70.000 que exigieron.
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Hechos atribuidos a los acusados por el Ministerio Público
“(...) Luis Candia Zelada, no solo solicitó a Julio César Duarte Servián que enviara a su secretario Cesar Alexis Elizeche al cobro del dinero requerido por quienes organizaron el secuestro, sino que el mismo solicitó a Marcelo Orlando León, que realice la verificación en los Registros Públicos sobre la condición de dominio de los mismos (...)”, señala la acusación.
El fiscal Lezcano precisa que una vez concluido el trabajo de verificación, mediante el cual constataron que las propiedades estaban hipotecadas y no podrían ser ofrecidas en garantías, el 6 de agosto del 2022 el hijo de la victima recibe mensaje desde la línea de negociación del secuestro diciendo “No vale una mierda y además está hipotecada”.
Según la acusación, Candia Zelada informó al grupo el estado registral de los inmuebles que ofrecían como garantía, el mismo fue el nexo entre los negociadores del secuestro y fue el encargado de buscar mimetizar el dinero producto del secuestro