A criterio del juez de Garantías José Agustín Delmás, siguen vigentes tanto el peligro de fuga del exministro Joaquín Daniel Roa Burgos como el peligro de obstrucción al proceso por presunto cohecho pasivo agravado (coima), soborno y lavado de dinero. En consecuencia, ratificó la prisión preventiva que el exministro de la Secretaría de Emergencia Nacional cumple desde el pasado 5 de mayo.
Roa fue imputado el pasado 26 de abril por parte de los fiscales Silvio Corbeta y Osmar Legal, en base a elementos que probarían que durante su paso por la función pública habría recibido beneficios indebidos de parte del acusado en la causa “A Ultranza Py” Alberto Koube Ayala, con quien mantendría una relación de amistad, a cambio de adjudicar licitaciones públicas a favor del empresario.
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En el caso de Alberto Koube Ayala, fue imputado en esta causa penal por supuesto soborno y lavado de dinero. Se trata del tercer proceso que afronta, ya que la principal es la del operativo A Ultranza, a cargo del fiscal antidrogas Deny Yoon Pak, y en la otra, también por presunto lavado de dinero, está procesado junto con su exesposa Patricia Noemí Rodríguez Ojeda y su hermana Fátima Irene Koube Ayala.
La defensa solicitó la aplicación de medidas alternativas a la prisión y ofreció una fianza real por casi G. 6.000 millones, consistente en tres inmuebles, para garantizar el sometimiento de Joaquín Roa al presente proceso. Sin embargo, el representante del Ministerio Público se opuso al planteamiento de la defensa, alegando que siguen vigentes tanto el peligro de fuga como el peligro de obstrucción a la investigación.
Joaquín Roa habría recibido yate como “regalo” de Koube
La causa contra Joaquín Roa tuvo su origen en allanamientos realizados en el marco del operativo A Ultranza, que resultaron en la inmovilización de una embarcación con la denominación “Antares” que estaba a nombre de la empresa Tapyracuai SA, representada por Alberto Koube Ayala.
Ante la inmovilización del barco, el exministro Roa se había presentado como propietario del mismo, lo que motivó la apertura de una carpeta de investigación en su contra en la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público, causa que recayó en el equipo conformado por los fiscales Silvio Corbeta y Osmar Legal.
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Según la imputación contra Joaquín Roa, desde el momento en el que el exministro de la SEN recibió la embarcación Azimut AZ42, importada, que le habría regalado Alberto Koube, habría adoptado conductas de ocultación de este bien. Por esta razón fue procesado por presunto lavado de dinero.
Según explicó el fiscal Silvio Corbeta, mientras Roa era ministro de Emergencia Nacional también adjudicó contratos directos a Alberto Koube, que en ese entonces ya estaba siendo investigado por presuntos vínculos con Sebastián Marset, también buscado en el caso A Ultranza Py. Las adjudicaciones fueron por las sumas que oscilaban entre los G. 15 mil millones y los G. 16 mil millones.
A cambio de la adjudicación, Roa habría recibido como dádiva por otorgar estas licitaciones el lujoso yate. “La embarcación no tiene firmas certificadas en el contrato de compra y venta. Habrían presentado un contrato simulado y eso es calificado como lavado de dinero”, señaló el fiscal Corbeta.
Supuesta sobrefacturación en contratos directos
Según los fiscales, Joaquín Roa habría convocado a licitaciones públicas vía ley de emergencia nacional, lo que le permitía realizar contratos directos y manejar procesos licitatorios fuera del control de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, para beneficiarse a sí mismo y a su amigo.
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Estas contrataciones directas, continúa diciendo la imputación, habrían sido direccionadas siempre en beneficio de la misma persona y además habrían sido sobrefacturadas y, pese a que el entonces ministro estaba en conocimiento de ello, habría adjudicado a Koube Ayala y a las demás empresas vinculadas a este último, lo que representaría un perjuicio al patrimonio de la institución.
El acta de imputación describe las 11 operaciones con las empresas ligadas a Koube, la mayoría de ellas relacionadas al alquiler de camiones, y una por provisión de chapas de fibrocemento, adjudicada a Transporte de Materiales y Cargas para la Construcción, de Katherine Ayala. En total, las adjudicaciones irregulares sumarían más de G. 15.450 millones.
El pasado 27 de abril, a pedido de los fiscales Silvio Corbeta y Osmar Legal, el juez Especializado en Delitos Económicos José Agustín Delmás ordenó el secuestro de la embarcación “Azimut Yachts”, perteneciente al exministro Joaquín Roa, y su entrega a la Secretaría Nacional de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) para su guarda y custodia.
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