Para el lunes 5 de junio, a las 8:00, fue convocada la audiencia de imposición de medidas a Iván Andrés Balbuena Ruiz Díaz, sindicado como testaferro de Ramón González Daher y procesado por supuesta apropiación y perjuicio a una financiera por la suma de G. 1.645 millones, para quien el Ministerio Público solicita el arresto domiciliario.
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Es la tercera vez que se intentará sustanciar la diligencia, ya que en la primera convocatoria, del 27 de marzo pasado, la defensa recusó al fiscal Augusto Ledesma; y el pasado 23 de mayo, que fue el segundo intento, planteó recusación en contra del juez José Agustín Delmás para suspender la audiencia.
En atención a estas chicanas planteadas en ocasiones anteriores y a fin de evitar nuevas suspensiones a causa de las chicanas, la convocatoria del juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos para el lunes 5 de junio es bajo apercibimiento de que aplicará las sanciones establecidas en los artículos 106, 112, 113 y 114 del Código Procesal Penal “De los Deberes de las Partes”; y lo dispuesto en el Art. 243 inciso 4° del mismo cuerpo legal que hace referencia al comportamiento de los imputados.
Según la imputación, Balbuena Ruiz Díaz protagonizó una serie de llamativos movimientos con un CDA (Certificado de Depósito de Ahorro) que le fue embargado al exdirigente deportivo, de acuerdo a una denuncia que se encuentra ya en poder del Ministerio Público.
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Imputación contra supuesto prestanombre de Ramón González Daher
Según la imputación presentada por el fiscal Augusto Ledesma, “los denunciantes ponen a conocimiento del Ministerio Público que en fecha 10 de junio del año 2015 (Finexpar SAECA) ha contratado los servicios profesionales de Iván Balbuena Ruiz Díaz a los efectos de proporcionar servicios profesionales de demandas de cobros de sumas de dinero en forma judicial y/o extrajudicial para las operaciones financieras de clientes (personas físicas y jurídicas)”.
En ese sentido, la firma Finexpar SAECA le ha proporcionado los títulos ejecutivos bajo constancia de recibo de las carteras de clientes para llevar a cabo los servicios de contratos, al parecer comprometiéndose el mismo al resguardo y a la correcta ejecución de estos en el fuero correspondiente.
Balbuena Ruiz Díaz estaba obligado por contrato a informar a la entidad financiera sobre los avances de cada uno de los casos bajo su gestión como profesional de derecho. Sin embargo, no cumplió con el compromiso, de acuerdo al relato del Ministerio Público.
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“La Financiera Finexpar SAECA ha realizado una auditoría de gestión a cargo del Departamento Jurídico, adjuntada a la denuncia, en la cual se han consignado inconsistencias no solo en la tramitación de los juicios, sino además se ha constatado que existen documentos y títulos ejecutivos que le fueron entregados y a la fecha presumiblemente se encontrarían en poder de Iván Balbuena”, resalta la imputación.
El fiscal Ledesma sostiene que “en el citado informe de auditoría, presentado al Ministerio Público en fecha 20 de julio del año 2022, constan los documentos y títulos ejecutivos que no fueron devueltos por Iván Balbuena Ruiz Díaz, por el valor de G. 1.645.904.213″.