En la fecha, el juez especializado en Delitos Económicos, Humberto Otazú, realizó la audiencia preliminar de la acusada Natalia Valenzuela, exdirector de Equidad y Género de la Gobernación de Central.
La misma fue procesada por lesión de confianza y declaración falsa en calidad de cómplice, en el desvío de G. 5.105 millones del fondo covid-19 que el Ejecutivo desembolsó a la Gobernación en diciembre de 2020, para la reactivación económica en el departamento.
Sin embargo, los proyectos de mejoras en espacios públicos y ayuda a hospitales, no fueron realizados, pero en la rendición de cuenta figuran las supuestas obras. La administración de Hugo Javier, también procesado, utilizó facturas clonadas para justificar la millonaria “ejecución” presupuestaria.
Valenzuela admitió su participación en el perjuicio patrimonial por lo que fue beneficiada con la Suspensión Condicional del Procedimiento solicitado por el Ministerio Público, representado por los fiscales de la causa Rodrigo Estigarribia, Diego Arzamendia y Francisco Cabrera.
Además, ahora será testigo de la Fiscalía en el juicio oral. La medida judicial está sujeta a un año de prueba. También se estableció una multa de G. 40.200.000, para resarcir el daño, que serán pagados en 12 cuotas iguales de G. 3.500.000 a diferentes organizaciones sin fines de lucro.
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Recibía órdenes de Robles
Natalia Valenzuela, era funcionaria directa del exasesor y exdirector de Gabinete de la Gobernación de Centra, Miguel Ángel Robles, también procesado en la causa. Es más, el mismo presentó recientemente una nueva chicana y logró suspender su audiencia preliminar ante el juez Otazú.
El Ministerio Público comprobó con la extracción de datos de los celulares incautados, que Valenzuela recibía órdenes directas de Robles, como entregarle el monto de G. 5.105 millones, que fueron retirados de la ventanilla del Banco Nacional de Fomento (BNF), por el tesorero y síndico de la ONG Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), firma supuestamente encargada para realizar las obras de la Gobernación.
“Una vez que las personas autorizadas por CIAP retiraban los cheques, estos hacían efectivo en las ventanillas del BNF para llevarles el efectivo a la ONG para entregársele al Sr. Tadeo Álvarez (presidente de CIAP). Es así que la Sra. Natalia Valenzuela, cumpliendo precisas instrucciones del Sr. Miguel Ángel Robles, que era su jefe directo, le solicitaba que retire a su vez el cobro de esos cheques para ser entregados personalmente”, dice el documento judicial.
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Enfrentarán juicio oral
El magistrado Humberto Otazú también resolvió esta semana que el exdirector financiero Javier Marcelo Rojas y el extesorero Luis Allende, ambos exfuncionarios de la Gobernación de Central, enfrentarán juicio oral por el perjuicio de G. 5.105 millones del fondo covid-19.
“Básicamente, el tesorero y el director administrativo fueron las personas que suscribieron órdenes de pagos y los cheques, sin que exista un expediente que respalde la realización de obras por la Gobernación de Central”, dijo el fiscal Estigarribia.
Otazú también resolvió que junto al exgobernador Hugo Javier, las exfuncionarias de la institución como Lourdes Verónica Decoud, exsecretaria general de la Gobernación, y Modesta Escobar Valiente, exsecretaria que cumplía labores en la Dirección de Administración y Finanzas, también sean juzgados en un juicio oral y público.
Fueron imputadas 16 personas de las cuales, varias fueron beneficiadas con salidas procesales y resarcieron parte del daño causado. En el caso del presidente de la ONG CIAP, Tadeo Álvarez, fundación que aparentemente recibió todo el dinero, fue condenado a un año con suspensión de la ejecución de la pena y se le impuso una multa de G. 100 millones. Además, el mismo colaboró con la Fiscalía y ahora también será testigo en el juicio contra Hugo Javier.
Chicanas dilatan proceso
Los procesados Adalberto Benítez, exfiscalizador de obras de la Gobernación y Miguel Ángel Robles, exasesor del exgobernador de Central, Hugo Javier González (acusado), siguen dilatando la audiencia preliminar.
Benítez enfrenta actualmente otro juicio, mientras que Robles, presentó un certificado de reposo y no asistió a la audiencia. Ambos, son los últimos procesados con audiencia preliminar pendiente, que una vez concluida, un Tribunal de Sentencia deberá fijar fecha para el inicio del juicio oral.