Con millonaria fianza y contrato de alquiler, José Peirano buscará lograr arresto domiciliario

José Peirano Basso llega hoy al Paraguay extraditado desde su país de origen. El abogado Guillermo Duarte Cacavelos, uno de los defensores del exbanquero uruguayo, anunció que solicitará arresto domiciliario de su representado, para lo cual ofrecerá una fianza de US$ 2 millones y un contrato de alquiler. La petición se hará en los procesos derivados de la quiebra del Banco Alemán y de Fondos Mutuos Banalemán.

Guillermo Duarte Cacavelos, abogado del exbanquero José Peirano Basso.gentileza
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José Peirano Basso llega a nuestro país hoy, extraditado de Uruguay. Al respecto, el defensor del exbanquero uruguayo, el abogado Guillermo Duarte Cacavelos, anunció que solicitará el arresto domiciliario de su defendido en las dos causas penales que tiene en el país, derivadas de la quiebra del Banco Alemán y de Fondos Mutuos Banalemán.

Para el efecto, el letrado reveló que ofrecerá una fianza de US$ 2 millones y además, presentará un contrato de alquiler de un departamento ubicado en la capital, donde pretende que su defendido cumpla el arresto domiciliario.

José Peirano: las dos causas penales en nuestro país

La causa abierta por el caso Banco Alemán se tramita ante el juzgado de garantías N° 4, a cargo de Raúl Florentín. En esta causa, Peirano fue imputado por lesión de confianza, conducta indebida en situación de crisis y promoción fraudulenta de inversiones, pero este último delito fue excluido en la sentencia de extradición y sólo podrá ser juzgado por los dos primeros.

En el proceso por el caso Fondos Mutuos Banco Alemán, Peirano responderá únicamente por lesión de confianza, pues los hechos punibles de conducta indebida en situación de crisis y promoción fraudulenta de inversiones fueron excluidos. Esta causa corresponde al juzgado penal de garantías N° 1, a cargo de Clara Ruiz Díaz.

Ahorristas del Banco Alemán y Fondos Mutuos Banalemán protestan frente al local de la entidad, tras conocerse la intervención del Banco Central del Paraguay. Fue en el 2002.

En esta causa, en agosto del 2018 Peirano solicitó el archivamiento del caso desde el Uruguay por la vía del criterio de oportunidad, planteamiento que contó con el consentimiento de la entonces fiscala Yolanda Portillo, pero la oposición de un grupo de ahorristas afectados, representados por el abogado Pedro Cano. A la fecha, esta situación pudo haber variado, pues el abogado Duarte informó que llegó a un acuerdo extrajudicial con todos los ahorristas afectados.

La salida procesal planteada por Peirano no llegó a ser discutida con motivo de una recusación planteada contra el entonces juez interino del juzgado de Garantías N° 1, Rolando Duarte.

La cuestión debió ser resuelta por el Tribunal de Apelación en lo penal, 2ª sala, integrada por los camaristas Delio Vera Navarro, Bibiana Benítez y José Agustín Fernández. Sin embargo, eso no sucedió debido a que Fernández se inhibió y esa inhibición fue impugnada por Benítez, motivo por el cual el caso fue remitido a la sala penal de la Corte Suprema de Justicia el 7 de setiembre del 2018.

El expediente fue remitido al juzgado de primera instancia recién el jueves de la semana pasada.

Tanto Florentín como Ruiz Díaz informaron que sólo pueden fijar fecha de audiencia de imposición de medidas para Peirano Basso una vez que reciban la comunicación de la llegada al país.

Escándalo de fraudes y desvíos sacudió la región

José y su hermano Juan Peirano Basso huyeron del país en el año 2002, cuando el grupo Velox -del que eran los principales accionistas- colapsó en medio de un escándalo de una cadena de fraudes, desvíos y otras irregularidades con dinero de los ahorristas de Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile, Perú y Brasil.

Largas filas ante el Banco Alemán -cuya sede estaba ubicada en Estrella esquina 14 de Mayo, actual local de la Secretaría Técnica de Planificación- evidencian el caos creado tras la intervención, en el 2002. Archivo Abc

Integraban el grupo Inversiones Guaraní, Banco Alemán Paraguayo SA y Financiera Parapití, en Paraguay; los bancos Montevideo y Caja Obrera del Uruguay; banco Velox en Argentina, y el Trade and Commerce Bank (TCB) de Islas Caimán, entre otros.

En el caso Banco Alemán, la fiscalía detectó la prenda de los fondos del Banco Alemán en el exterior (US$ 24 millones), para la obtención de millonarios créditos a favor de la empresa vinculada Velox Investiment Company y la captación y remesa de dinero de ahorristas al TCB de Islas Caimán por US$ 52 millones.

También fue cuestionada una operación de arbitraje simulada para cubrir una transferencia ilegal de 1 millón de dólares al TCB y la consignación de datos falsos en los balances de la entidad.

Paraguay solicitó la extradición de José Peirano, petición concedida por la Corte uruguaya en octubre del 2005. Juan Peirano fue capturado en Miami, Estados Unidos, en el 2006 y extraditado al Uruguay en el 2008, para su procesamiento.

Sentencias dictadas en los casos del banco Alemán y Fondos Mutuos

Mientras la justicia paraguaya gestionaba la extradición de los Peirano Basso, el proceso siguió su curso con relación a los exdirectivos paraguayos de la entidad. En primera instancia, todos los directivos paraguayos del Banco Alemán y de Fondos Mutuos fueron condenados, pero esta decisión varió en instancias superiores.

En el juicio oral y público por el caso Banco Alemán, Fernando Sorrentino, Francisco Peterlik y Ricardo Castillo fueron condenados a 4 años y 6 meses, 4 años, 3 años y 6 meses, respectivamente por lesión de confianza, estafa y declaración falsa. Posteriormente, un Tribunal de Apelación elevó sus condenas a 6 años y 6 meses, 6 años y 5 años, respectivamente.

El 27 de diciembre de 2005, la Corte Suprema de Justicia redujo de seis a dos años las penas impuestas a Sorrentino y Peterlik por lesión de confianza, estafa y declaración falsa cometidos en el Banco Alemán. Mientras que Castillo fue absuelto. El fallo está firmado por Wildo Rienzi, Sindulfo Blanco y Alicia Pucheta, quien votó en disidencia.

Sin condena

En el caso Fondos Mutuos Banalemán, el 13 de junio de 2005, por el Tribunal de Sentencia integrado por Héctor Capurro, Germán Torres y Letizia De Gásperi, condenó a 3 y 4 años de cárcel a Ricardo Castillo Fraccia y Tomás Cataldo Zeman, por lesión de confianza y conducta indebida en situación de crisis.

La fiscala Artemisa Marchuk indicó en su acusación que Castillo y Cataldo, procesados por lesión de confianza y promoción fraudulenta de inversiones, causaron un perjuicio patrimonial de US$ 13,6 millones a los cuotapartistas, suma que ya se habría elevado a US$ 18 millones, según los denunciantes.

El 21 febrero 2006, la Cámara ratificó el fallo, pero el 11 de agosto del mismo año, la Corte Suprema integrada por Wildo Rienzi, Sindulfo Blanco y Alicia Pucheta (disidente) absolvió a Castillo y a Cataldo.

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