La Facultad de Ciencias Económicas FCE) fue intervenida y como resultado quedó el Consejo Directivo desintegrado. La medida administrativa se inició tras la intervención de la después de que el ahora exdecano Miguel Vera, imputado por tráfico de armas y asociación criminal, haya reasumido el cargo, pese a haber estado aproximadamente seis meses en prisión y luego haya sido beneficiado con prisión domiciliaria. Este hecho generó manifestaciones de la mayoría del alumnado que exigía que la institución sea fiscalizada.
Lea más: Intervienen Facultad de Ciencias Económicas de la UNCA tras manifestaciones de estudiantes
La intervención, presidida por el decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas, Luis Rodas, informó que los miembros del Consejo Directivo incurrían en serias irregularidades. Citan varias resoluciones que no contaban con actas de aprobación y algunos docentes y funcionarios que no marcaban su asistencia en sus puestos de trabajo, pero cobraban normalmente sus salarios.
Lea más: Exigen renuncia de decano acusado por tráfico de armas
El rector de la Universidad Nacional de Caaguazú (Unca), Ángel Rodríguez, manifestó que el informe emitido por los interventores fue en forma general y que el Consejo Superior Universitario solicitó especificar los nombres de los docentes y funcionarios que no marcaban. También en qué consistieron las resoluciones emitidas por los decanos.
Minimizan tarea de interventores
Al ser consultado si los casos serán informados a la Justicia, señaló que aguardarán la recomendación de los interventores para realizar una auditoría y, si en ella se detecta que hubo mal uso de los recursos públicos de la institución, los hechos serán remitidos a la justicia competente.
Añadió que actualmente se tiene 45 días para llamar a una nueva elección de autoridades y buscar la normalidad dentro de la institución.
El ahora exdecano de la FCE, Miguel Vera, aseguró que durante su administración y de la de Julio Mendoza no existieron irregularidades y que desconoce el motivo de la decisión de disolución del Consejo Directivo. Señaló que la propia Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes) había auditado la facultad para su acreditación y que no detectó irregularidades.
Añadió que el trabajo realizado por los interventores fue solo una revisión y no una auditoría, hecho que hace que el informe emitido por los interventores no deba ser tomado como un motivo de decisión. Agregó que hasta el momento no recibieron la notificación, la resolución de la disolución y que están aguardando para analizar la situación.