La Junta Municipal de la ciudad de Encarnación aprobó el acta de la sesión anterior en el que aceptaron la ejecución presupuestaria del municipio. En la reunión del cuerpo colegiado se abrió el debate acerca de la interpretación de la votación por dicha aprobación.
El grupo de ciudadanos Contraloría Ciudadana acompañó la sesión ya que habían solicitado que se rectifique la decisión teniendo en cuenta que supuestamente no se contaban con los votos necesarios para la aprobación. El pedido fue solicitado por el Concejal Andrés Morel (ANR).
El presidente de la Junta, Fredy Ortega (ANR), solicitó una interpretación a la Cámara de Diputados que respondieron a través de su secretaría que con los seis votos se constituye la mayoría simple, considerando que del total de 12 concejales presentes, hubo dos abstenciones y de entre los 10 votos, seis ya constituye mayoría simple (la mitad más uno).
No obstante, el edil afirmó que el informe de la ejecución pasará a la Contraloría General de la República (CGR) para que sea estudiado.
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Los ciudadanos líderes de las movilizaciones contra la gestión municipal salieron disconformes y alegan que esperarán el dictamen de la CGR porque consideran grave el nivel de endeudamiento del municipio.
Antecedentes
La comisión de Hacienda presentó en la sesión anterior un dictamen de rechazo a la ejecución presupuestaria por varias irregularidades, entre las que destacan el crecimiento del endeudamiento municipal que asciende a G. 54.853.306.909. De igual manera, dicha ejecución fue aprobada en la misma sesión ordinaria del cuerpo contralor.
Los votos a favor: Carlos Marino (PLRA); Natalia Enciso (PLRA); Gloria Arregui (PLRA); Diego Aquino (ANR); Keiji Ishibashi (Ciudadanía Activa).Votos por el rechazo: Fredy Ortega (ANR); Eduardo Florentín (ANR); Andrés Morel (ANR); Eduardo Rebruk (ANR). Las abstenciones: Nehemías Cuevas (ANR) y Juan Lichi (ANR).
En la jornada se realizaban manifestaciones por ciudadanos autoconvocados que terminó con escraches para los concejales, por lo que uno de los ediles Carlos Marino Fernández (PLRA) realizó una denuncia contra 10 manifestantes por supuesta coacción.
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El abogado de los denunciados, Rolando Aquino, alega que se trataría de un intento de coartar la movilización popular y evidenció que no ocurrieron hechos fuera del ejercicio a la libre asociación y la libertad de protesta garantizados en nuestra legislación.