Representantes de gremios de jubilados bancarios, presidentes de gremios con personería jurídica y querellantes adhesivos en carias causas penales contra los miembros del Consejo de Administración de la Caja Bancaria, solicitaron este lunes 10 de abril audiencia al fiscal general del Estado Emiliano Rolón Fernández, ante lo que consideran un “llamativo y sospechoso” proceder del Ministerio Público en seis causas en contra de los acusados.
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Los actuales directivos de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines José Antonio Caballero Bobadilla, Xavier Alberto Hamuy Campos Cervera, Ángel Ramón Chamorro Ortiz y Miguel Ramón Oro Domínguez, están imputados por lesión de confianza por un supuesto perjuicio a la institución de más de G. 2 billones. Pero podrían ser beneficiados con la extinción del proceso penal, que tiene la aprobación de la fiscala Stella Mary Cano.
Los jubilados bancarios señalan que “llamativamente en todas estas causas el Ministerio Público fue la implacable defensora de los denunciados”.
Los mencionados casos cuestionados son:
- 1) Causa N° 13/2017 con sobreseimiento definitivo a los cuatro acusados.
- 2) Causa N° 275/2018 con desestimación.
- 3) Causa N° 184/2017 con desestimación.
- 4) Causa N° 1634/2020 con desestimación.
- 5) Causa N° 119/2015 con desestimación.
- 6) Causa N° 9790/2019 con pedido de extinción de la causa.
En su pedido de audiencia al fiscal general, los jubilados señalan que se encuentran desamparados de todas las entidades que debieron custodiar y defender sus derechos, en particular del Ministerio Público.
También indican que ante el inminente reaporte de parte de los jubilados, como ya ocurriera hace 10 años oportunidad en que fallecieron 998 compañeros, solicitan al fiscal general Rolón Fernández que disponga la atención en recibirlos.
Encabezan la firma de la nota de pedido de audiencia con el titular del Ministerio Público, Fernando Aguayo, presidente de la Asociación de Jubilados de Bancos Privados, Abel florentín, presidente del gremio de Afiliados Bancarios Organizados y Rosa de Acuña, presidente de la Asociación de Exfuncionarios de Bancos.
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Fiscalía se allanó al pedido de extinción de la causa
En la audiencia preliminar realizada a finales de marzo, la fiscala Stella Mary Cano se allanó al incidente de extinción de la acción penal que plantearon las defensas de los procesados por lesión de confianza en la supuesta “megatragada” de más de 2 billones de guaraníes a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines. Califica de negligente al juzgado penal de garantías.
El antecedente a este allanamiento de la Fiscalía refiere que la orden que dispuso la “reapertura del procedimiento” surge de la Resolución AI N° 658 del 8 de agosto de 2022, es decir, 11 días posteriores al transcurso de 1 año dispuesto por el Art. 25 del CPP que dispone en su inciso 11 sobre los motivos de extinción lo siguiente: “Cuando, luego de resuelto el sobreseimiento provisional, no se ordene la reapertura de la causa y la prosecución de la investigación dentro del plazo de un año”.
Los abogados defensores de los acusados por lesión de confianza José Antonio Caballero Bobadilla, Xavier Alberto Hamuy Campos Cervera, Ángel Ramón Chamorro Ortiz y Miguel Ramón Oro Domínguez plantearon en la audiencia preliminar iniciada el 22 de marzo de 2023, una serie de incidentes entre ellos la extinción de la acción penal, conforme a las disposiciones del Art. 25 del Código Procesal Penal.
Sin embargo, la jueza penal de garantías Cynthia Lovera Brítez dispuso el trámite de oposición al allanamiento de la Fiscalía y es la Fiscalía General la que debe expedirse si acusa o dictamine en el mismo sentido de la fiscala Cano.
La acusación de lesión de confianza de la Fiscalía
La investigación penal por lesión de confianza se inició con la denuncia que realizó Isidro Colmán Moreno, en fecha 20 de noviembre de 2019, acerca del supuesto hecho punible que supuestamente perpetraron los hoy acusados José Antonio Caballero Bobadilla, Miguel Ramón Oro Domínguez, Ángel Ramón Chamorro Ortiz y Xavier Hamuy Campos Cervera, presidente y miembros del Consejo de Administración de la Caja Bancaria, respectivamente.
El escrito de la Fiscalía agrega: “Que los mencionados acusados han incurrido en hechos y actos administrativos irregulares, que en la mayoría de los casos constituyeron observaciones que fueron señaladas bajo advertencia por parte de entes contralores como el Banco Central del Paraguay, Contraloría General de la República, Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, como así también auditorías internas de la Caja Bancaria, las cuales no fueron consideradas en tiempo y forma por la Administración de la Caja, constituyendo así una conducta omisiva, de los mismos, lo cual ocasionó un grave perjuicio patrimonial a la institución”, señala la acusación.
Uno de los 18 puntos desarrollados por el perito contable Lic. Javier González, propuesto por la Fiscalía, demuestra en su análisis del punto 1 sobre la variación que se ha visto con respecto a los gastos de seguro médico desde el año 2015 hasta el 2019, resultando en la suma de G. 37.449.119.291, y ello se ha reflejado en el punto 18 como parte del perjuicio patrimonial o daño patrimonial a la Caja de Jubilaciones, el cual ha tenido una consecuencia negativa en la situación financiera de la Caja.
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Los gastos en seguro médico aumentaron en demasía a partir del año 2016, que según informe en el año 2015 ascendió a la suma de G. 18.310.320.000, en el año 2016 se ha incrementado en la suma de G. 26.250.878.285, en el año 2017 se incrementó en la suma de G. 41.145.786.334, en el año 2018 se incrementó en la suma de G. 53.554.931.419 y en el año 2019 en la suma de G. 55.759.439.291. El total de la variación es de G. 37.449.119.291, solamente por los gastos de seguro médico.
En resumen, la conclusión del perito indica que el superávit al 30 de junio de 2015 fue de G. 965.943.000.000, y el déficit al 31 de diciembre de 2017 fue de G. 1.529.373.705.982, con lo que determinó que el daño patrimonial total a la Caja de Jubilados Bancarios ascendía a G. 2.495.216.705.982 (dos billones, cuatrocientos noventa y cinco mil millones, doscientos diez y seis millones ochocientos veinte mil), haciendo un total general de dos billones quinientos treinta y dos mil seiscientos treinta y cinco millones ochocientos sesenta y nueve mil trescientos sesenta y tres guaraníes (G. 2.532.635.869.363)”.
La querella también agrega que la Contraloría General de la República en su última Auditoría (CGR 843/18) también afirma que la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines no reveló en los Estados Contables al 31/12/2018, las reservas matemáticas producto del balance actuarial que presenta un déficit de G. 1.529.373.705.982 (un billón quinientos veinte y nueve mil trescientos setenta y tres millones setecientos cinco mil novecientos ochenta y dos guaraníes), incumpliendo la exigencia de la Ley 2856/06 de la Caja de Jubilaciones.
El perito de la querella adhesiva es el Lic. Francisco Centurión.