En comunicación con ABC Cardinal este lunes, el titular de la Contraloría General de la República, Camilo Benítez, negó que haya habido alteraciones a la declaración jurada de Jorge Bogarín Alfonso, miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados sancionado por Estados Unidos por supuesta corrupción, como fue denunciado recientemente.
El abogado Jorge Rolón Luna denunció en redes sociales que Bogarín Alfonso supuestamente modificó sus declaraciones juradas sin dejar registros en el sistema para justificar un ingreso de 900 millones de guaraníes que consta en su declaración jurada de 2021, en concepto de dinero depositado en una cuenta de ahorro.
Lea más: Jorge Bogarín burló sistema para modificar sus declaraciones juradas, denuncian
Benítez explicó que las declaraciones juradas de todos los funcionarios se cargan en un formulario desarrollado en 2014 y la veracidad de esa información se verifica con un examen de correspondencia.
Según el contralor, el sistema donde los funcionarios cargan su información y el sistema por el que el público accede a la información sobre esas declaraciones juradas son separados y la información de uno se copia al otro todos los días, pero se detectó una falla en el campo de “observaciones” del formulario, por la cual cuando la información en ese campo excede un cierto número de palabras, esta no se copia al sistema al que accede el público.
Benítez afirmó que la inconsistencia recientemente denunciada en la declaración jurada de Bogarín Alfonso se debe a esa falla y fue enfático en su afirmación de que en realidad no se violó el sistema.
Lea más: Suman inconsistencias en declaraciones de Bogarín
“En ningún caso vamos a permitir que alguien pueda modificar su declaración”, dijo.
Agregó que la Contraloría está abierta a que su sistema informático sea auditado para que fuentes independientes corroboren que no hubo tal vulneración del mismo.
“Que alguien cuestione la vulnerabilidad de nuestro sistema es gravísimo y estamos abiertos a que el sistema se pueda auditar”, afirmó, agregando que “el sistema no permite realizar un cambio sin que se note, es imposible”.
Auditoría de la Contraloría a la Fiscalía
Este lunes, funcionarios de la Contraloría se presentaron en la sede de la Fiscalía General del Estado para dar inicio a la primera auditoría financiera al Ministerio Público en años, luego de que el nuevo fiscal general, Emiliano Rolón, retirara una acción de inconstitucionalidad que impedía que el órgano contralor entre a la Fiscalía.
El contralor Benítez volvió a celebrar la “valentía” del fiscal general Rolón y reiteró que acciones de inconstitucionalidad como esa también fueron presentadas por varios otros órganos del Estado como la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Superior de Justicia Electoral para “ningunear” a la Contraloría, lo que “cercena funciones constitucionales” a la misma y supone un “quiebre de la democracia”.
Lea más: Auditoría de Fiscalía duraría 6 meses, anuncia contralor
Benítez no se atrevió a dar plazos para los primeros resultados de la auditoría a la Fiscalía, señalando que, si bien en principio solo se auditará el ejercicio fiscal del año 2022, la expectativa es que el trabajo termine abarcando los últimos cinco años.
Fretes y binacionales
Consultado sobre la auditoría al exministro de la Corte Suprema Antonio Fretes y sus familiares, quienes se vieron envueltos en varios escándalos de supuesta corrupción en los últimos meses, el contralor Benítez dijo que los auditores prometieron que terminarían la comunicación de observaciones este mes.
Estas observaciones serán luego trasladadas a Fretes y a sus familiares que tuvieron declaraciones juradas, a quienes se está practicando un examen de correspondencia.
Lea más: Exministro Fretes y sus protegidos aparecen ligados hasta a fundación
Finalmente, Benítez dijo que otro objetivo de la Contraloría es la fiscalización de los gastos en Paraguay de las binacionales Itaipú y Yacyretá.
Si bien la Contraloría no puede auditar la contabilidad de las binacionales por cuestiones de soberanía, las cuentas de las binacionales en Paraguay son consideradas cuentas nacionales por el Banco Central del Paraguay, por lo que la Contraloría tiene autoridad para fiscalizarlas.