El exgobernador de Central, Hugo Javier González (colorado cartista) y siete exfuncionarios de la institución durante su administración fueron acusados por la supuesta comisión de los hechos punibles de lesión de confianza de G. 5.105 millones del Fondo Covid-19, por producción de documentos no auténticos, declaración falsa y asociación criminal. Los fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción, Rodrigo Estigarribia, Diego Arzamendia y Francisco Cabrera, investigan en la causa.
Los agentes del Ministerio Público solicitaron que la causa sea elevada a juicio oral y público y, en consecuencia, Humberto Otazú, juez del caso más conocido como “facturas clonadas” que involucra a la institución departamental, inició la audiencia preliminar de los acusados el pasado lunes 27 de marzo y prosiguió ayer martes.
Todos los procesados fueron citados para esta primera convocatoria, pero solo se presentaron Hugo Javier González, Lourde Verónica Lezcano Decoud, exsecretaria general de la Gobernación, y Modesta Valiente Escobar, exsecretaria de la Dirección de Administración y Finanzas.
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El magistrado Humberto Otazú decidió que los tres enfrenten un juicio oral y público por los cargos mencionados. En el caso de Hugo Javier se reconfirmó su arresto domiciliario, mientras las exfuncionarias fueron beneficiadas con libertad ambulatoria.
Sin embargo, los demás acusados, como Adalberto Benítez Aguilera, exjefe del Departamento de Fiscalización de Obras, no participó de la audiencia debido a que su defensor público se encontraba en un juicio. Mientras Luis Eduardo Allende Araujo se presentó, pero luego se retiró ya que tiene nuevo abogado que asumió su defensa el lunes, día de la audiencia, y debía “interiorizarse” sobre la causa que afronta su cliente.
En cuanto a Javier Marcelo Rojas, exdirector financiero de la Gobernación, que cuenta con arresto domiciliario en otra causa similar que también involucra a la Gobernación de Central, según fuentes judiciales, se excusó ante el Juzgado indicando que “no sabía que, pese a la medida cautelar, podía trasladarse hasta la audiencia”.
Todos fueron advertidos por Otazú, quien dentro de los plazos establecidos, en la brevedad posible, fijará nueva fecha de audiencia preliminar para los tres acusados. Debe decidir si los beneficia con alguna salida procesal o deberán ir a juicio oral junto a Hugo Javier y las demás.
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Algunos tuvieron condenas
Respecto a la exjefa de Control Interno de la Gobernación, Karina Elizabeth Mazacotte, y Edgar José Zaracho, exasesor jurídico de Hugo Javier González, dado los presupuestos se aplicó el procedimiento abreviado y fueron condenados por el juez Humberto Otazú a dos años de pena privativa de libertad, pero con suspensión de la ejecución de pena, es decir, no irán presos.
En el caso de Mazacotte, el magistrado señaló que una vez verificada la acusación, se constató que la misma aportó datos sumamente importantes en la investigación de la Fiscalía, según lo afirmado por el fiscal Rodrigo Estigarribia.
Tanto Mazacotte como Zaracho, son funcionarios públicos y el alcance de la condena sostiene que el Juzgado está obligado a comunicar sobre la resolución judicial al Tribunal Superior de Justicia Electoral para que ambos sean excluidos del Padrón Nacional y también cursar comunicación a la Secretaría de la Función Pública a los efectos de que los condenados pierdan su condición de funcionarios públicos y nunca más vuelvan a ocupar cargos en instituciones del Estado, expresó Otazú.
Karina Mazacotte deberá donar la suma de G. 50 millones en un solo pago dentro de tres meses al Hospital Nacional de Itauguá “para que en alguna medida pueda regresar” el dinero a una institución que necesita, dijo el juez. Es en concepto de reparación del daño causado y es una sanción aplicada a pedido del Ministerio Público.
Respecto a Edgar Zaracho, hará una “donación” de G. 45 millones, en concepto de reparación del daño causado, al Hospital Pediátrico Acosta Ñu, también a pedido de la Fiscalía. Este pago se dará en tres cuotas cada tres meses.
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De sospechoso a testigo clave
Otro beneficiado con el procedimiento abreviado fue el presidente de la ONG Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), Tadeo Andrés Álvarez Cristaldo y fue condenado a un año de pena privativa de libertad con suspensión de la ejecución de la pena. Fue levantada la prohibición de salir del país y deberá resarcir el daño causado donando G. 100.200.000 a diferentes instituciones.
Pero, el dato más llamativo es que, Álvarez, ahora será testigo del Ministerio Público contra Hugo Javier y los demás condenados que afrontarán juicio oral y público. Tadeo, proporcionó valiosa información al Ministerio Público para el cierre de la investigación.
Según la secuencia de los hechos, una vez que el Ejecutivo desembolsó el fondo Covid-19 a la Gobernación de Central, Hugo Javier transfirió la suma de G. 5.105 millones a CIAP para la ejecución de dos proyectos que contemplaban mejoras en espacios públicos.
Sin embargo, según hipótesis de la Fiscalía, dichas obras no se realizaron y para justificar el desembolso, en complicidad de los procesados, clonaron facturas que luego fueron anexadas en la rendición de cuentas. Las obras que supuestamente fueron hechas con el fondo Covid-19, ya existían desde mucho antes de la transferencia hecha por el Ejecutivo.