El magistrado Humberto Otazú, resolvió esta mañana elevar a juicio oral y público la causa conocida como “facturas clonadas”, que involucra al exgobernador del departamento de Central, Hugo Javier González Alegre (ANR, cartista), a exfuncionarios que desempeñaron funciones durante la administración de Hugo Javier, a miembros de una ONG y a contratitas.
A la vez, el juez especializado condenó a dos años de pena privativa de libertad a dos exfuncionarios. Se trata de Karina Elizabeth Mazacotte Widmer, exjefa de Control Interno y al exasesor jurídico, Edgar José Zaracho Quintana. Sin embargo, la condena se impuso con la suspensión de la ejecución de pena, por lo que no irán presos.
Una vez que quede firme la condena, se oficiará la resolución judicial al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) para que ambos condenados sean excluidos del Padrón Nacional, además, no podrán volver ocupar cargos en la Función Pública y quedarán con antecedentes.
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El Juzgado también advirtió a Mazacotte y Zaracho, que, ante el mínimo incumplimiento de lo establecido en el procedimiento abreviado, se revocará la resolución e inmediatamente será ejecutada, es decir, ambos serán privados de su libertad en una de las penitenciarías del país, que quedará a criterio del magistrado.
Condenados excluidos de la Función Pública
Las defensas de los condenados Karina Mazacotte y Edgar Zaracho, representadas por Marcio Battilana y Fausto Portillo, respectivamente, solicitaron la aplicación de salidas procesales como la suspensión condicional del procedimiento para la primera y el procedimiento abreviado para el segundo.
Respecto a Mazacotte, el magistrado Humberto Otazú, manifestó que su defensa primeramente planteó beneficiarla con la suspensión condicional del procedimiento, pero el Ministerio Público representado por los fiscales Estigarribia, Arzamendia y Cabrera, se opuso.
Entonces, la defensa replanteó que Karina Mazacotte sea beneficiada con la salida procesal del procedimiento abreviado, pedido trasladado por el Juzgado al Ministerio Público, el cual no tuvo reparos.
El juez Otazú agregó que una vez verificada la acusación, se constató que la mujer aportó datos sumamente importantes en la investigación de la Fiscalía y que seguidamente analizó la aplicación del procedimiento abreviado, teniendo en cuenta el actuar de la procesada en las diferentes circunstancias. Afirmó también que la misma brindó a la Fiscalía detalles sobre el lugar dónde se reunía “el grupo para estudiar y analizar cómo llevar adelante las rendiciones de cuentas”, entre otros detalles.
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Mazacotte fue procesada por los cargos de lesión de confianza y asociación criminal en carácter de cómplice y fue considerado por el juez que no posee antecedentes. Durante la audiencia realizada esta mañana, Otazú explicó a la procesada “de manera sencilla” sobre la condena.
“El Juzgado ha explicado de manera sencilla tanto a la señora Mazacotte como al señor Zaracho, sobre los alcances del procedimiento abreviado. “La salida en estas circunstancias hace que ambos sean condenados, van a recibir una condena, va a obrar en sus antecedentes. Les expliqué que, en el caso de ser funcionarios públicos, el Juzgado tiene la obligación de oficiar al Tribunal Superior de Justicia Electoral y serán excluidos del Padrón Nacional. Se va a dar comunicación a la Secretaría de la Función Pública a los efectos de que, lógicamente, van a perder su condición de funcionarios públicos”, expresó Otazú.
Karina Mazacotte, fue condenada hoy a dos años de pena privativa de libertad, pero con suspensión de la ejecución de pena. Como reparación del daño causado, se impuso la suma de G. 50 millones que a pedido del Ministerio Público será donado, en un solo pago, al Hospital Nacional de Itauguá, “para que en alguna medida pueda regresar” el dinero a una institución que necesita, dijo el juez.
Respecto a Edgar Zaracho, el magistrado dijo que su defensa representada por el abogado Fausto Portillo, solicitó que su cliente sea beneficiado con el procedimiento abreviado y que la condena no supere el periodo de un año, pero el Ministerio Público pidió que la condena sea de dos años.
Asimismo, la defensa del condenado se comprometió a que su defendido hará una donación de G. 45 millones, en concepto de reparación del daño causado.
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En este sentido, el juez Humberto Otazú, condenó a Edgar Zaracho a dos años de pena privativa de libertad, pero con suspensión de la ejecución de pena y determinó que la donación del monto ofrecido sea pagada en tres cuotas cada tres meses, al Hospital Pediátrico Acosta Ñu, a pedido de la Fiscalía.
Juicio oral para Hugo Javier y otros
De momento, Hugo Javier y las exfuncionarias de la institución departamental, Lourde Verónica Decoud, exsecretaria general y Modesta Escobar Valiente, exsecretaria de la Dirección de Administración y Finanzas, afrontarán un juicio oral y público. Además, ratificó la medida cautelar de arresto domiciliario para el exgobernador.
Los hechos punibles investigados son lesión de confianza de G. 5.105 millones del Fondo Covid-19, producción de documentos no auténticos, asociación criminal y declaración falsa. El dinero fue desembolsado por el Ejecutivo para la reactivación económica en Central durante la pandemia.
Los fiscales de la causa, Rodrigo Estigarribia, Diego Arzamendia y Francisco Cabrera, tienen la certeza de que el total del dinero no fue ejecutado en base a los dos proyectos genéricos que presentó la Fundación Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), entidad beneficiada con la millonaria transferencia de G. 5.105 millones.
Los agentes sostienen la hipótesis de que dentro de la Gobernación de Central se creó un “esquema delictivo”, con el fin de desviar el recurso que fue desembolsado por el Ejecutivo para generar fuentes de trabajo en pandemia.
Hugo Javier, exgobernador de Central, y los demás procesados habrían creado, adecuado y modificado varias facturas para justificar la millonaria suma en las rendiciones de cuentas presentadas a la Contraloría General de la República (CGR) y a Auditoría General del Poder Ejecutivo (AGPE). Fueron encontradas numerosas facturas clonadas.
“Se descubrió a través del esquema que crearon, adecuaron y modificaron facturas a los efectos de ajustar una rendición de cuentas y en este acto de modificación y adecuación, cometieron varios errores en el sentido en que metieron obras que ya existían muchísimo antes, inclusive obras que se estaban trabajando en ese momento. En el apuro de querer justificar, cometieron estos errores y gracias a la investigación del equipo de trabajo, llegamos colectar todos los elementos y determinamos que existe un perjuicio total de un poco más de G. 5.000 millones”, explicó el fiscal Estigarribia.
Dichos proyectos consistían en la “Construcción y mantenimiento de espacios públicos en el Departamento Central”, con presupuesto de G. 3.063.360.000, y también “Pavimentación asfáltica empedrado” por valor de G. 2.042.240.000.