El pedido de compra del “inmueble municipal” fue presentado a la Municipalidad por Sofía Analía Domínguez Pires y la venta se concretó el 12 de diciembre del 2022 luego de que la Junta la aprobara por unanimidad la resolución N°179/2022 que autoriza al intendente Marcelo Simbrón (ANR) proceder a la cesión.
Recién en febrero de este año los concejales fueron alertados de que dicho inmueble tiene un valor superior y que posiblemente era propiedad del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). Ante esa situación la Junta Municipal integró una Comisión Especial de Auditoría con los ediles María Cristina López (ANR), Edgar Vera y Aragón(ANR) y Gabriel Ramírez (PEN).
Tenían la recomendación de presentar dictamen en la sesión siguiente, pero no lo hicieron. Atendiendo el delicado caso, la mayoría de los concejales optó por ampliar el plazo para la presentación del dictamen y en minoría se solicitó la anulación inmediata de la resolución.
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A pedido de los concejales Daysy González, Andrés Báez, Eduardo Fernández y Edgar Vera y Aragón, todos colorados, solicitaron ayer una sesión extraordinaria de carácter urgente para definir la anulación de la resolución 179 que autoriza la venta del inmueble supuestamente municipal.
En la plenaria, el concejal Edgar Vera y Aragón, como miembro de la Comisión Especial de Auditoría, presentó el dictamen en minoría, confirmando que el terreno que vendió la Municipalidad es propiedad del MOPC. Cita que la cartera de Estado había adquirido de Hipólito Medina, según padrón 2.554 y 2.556. Dicha transferencia fue homologada a favor de la institución según decreto N°2774/2019.
Aprueban instruir sumario y enjuiciar al presidente de la Junta Municipal
Ante el grave hecho de presunta “lesión de confianza y producción de documento público de contenido falso” el edil Vera y Aragón solicitó a la plenaria que se derogue la resolución que permite la venta del terreno y recomendó instrucción de un sumario y el enjuiciamiento del presidente de la Junta Municipal, Rubén Fernández Baruja (ANR). Indica que es a los efectos de indagar su grado de responsabilidad, por la presunta comisión de lesión de confianza y mal desempeño en sus funciones.
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Asimismo, en el dictamen se recomienda a la Junta Municipal que solicite al ejecutivo municipal evitar la transferencia del inmueble y que se realicen los trámites administrativos para devolver los G. 75.924.000 que cobró la comuna por el inmueble de 2.109 metros cuadrados.
Caso tomó estado público a raíz de una denuncia
La convocatoria urgente de la sesión extraordinaria surgió a raíz de que el presidente de la Junta Municipal, al no derogarse de manera inmediata la resolución y evitar la transferencia, denunció el hecho en la Unidad Especializada de Delitos Económicos, Anticorrupción, Lavado de Dinero del Ministerio Público por la presunta venta irregular de un inmueble municipal, cuyo valor fiscal supera los G. 700 millones.
La acción del titular del órgano deliberativo comunal molestó a un grupo de los concejales municipales porque en el acta N°65/2022 no habían tratado supuestamente la autorización para la venta del inmueble y tampoco en el dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto se sugirió que se apruebe la venta y tampoco figura la dimensión a transferir, según manifestó el concejal Vera y Aragón.
Durante la sesión el presidente Fernández Baruja dijo que se mantiene en su postura de seguir con la denuncia ante el Ministerio Público y también leyó una nota que remitió al ministro del MOPC, Ing. Rodolfo Segogia, para deslindar responsabilidad y para que la institución tome las medidas necesarias a fin de precautelar el patrimonio de la cartera de Estado. Añade que en el pedido del legajo presentado por la intendente refiere que el inmueble vendido es terreno municipal.
Una candente y reveladora sesión
Al momento de tratarse el enjuiciamiento del titular de la Junta Municipal, tanto el afectado como la vicepresidenta del órgano deliberativo, Ana Rolón (ANR), se retiraron de la sala de sesiones. Antes de eso, Fernández Baruja dijo que la represalia se veía venir y que seguramente ahora un grupo quiere el cambio de la comisión directiva para manejarse según sus antojos. ”Yo no estoy aferrado al cargo, tampoco voy a prestarme a los hechos ilícitos que cometieron desde el inicio”.
Tras el retiro del presidente y del vicepresidente quedaron siete concejales colorados de Fuerza Republicana, Edgar Vera y Aragón, Daisy González, Andrés Báez, Eduardo Fernández, y los concejales cartistas Diego Samudio y Luis Almada y el liberal Tomás Duarte.
En la ocasión decidieron enjuiciar al presidente de la Junta Municipal por los hechos de lesión de confianza y producción de documentos de contenidos falsos. Para llevar adelante la investigación se conformó una comisión especial que integran los concejales colorados Daysi González, Andrés Báez y Diego Samudio.
Por otra parte, ciudadanos autoconvocados llegaron al local de la Junta Municipal al enterarse de la venta de un “inmueble municipal” por un precio ínfimo de G. 75.924.000 cuando el valor supera G. 700 millones. Al final, tras la presión del grupo de pobladores se reveló que el terreno ni siquiera es municipal, se exigió transparencia y que se anule la transacción, dijo la ciudadana Estter Vespa de Francia.