El Tribunal de Cuentas, Primera Sala, integrado por los camaristas Gonzalo Sosa Nicoli, Alejandro Martín Ávalos Valdez y Rodrigo Escobar resolvió no hacer lugar a la suspensión de efectos solicitada por la ex viceministra de Tributación Marta González, sobre la resolución del Instituto de Desarrollo Rural y la Tierra (Indert) que adjudicó un valioso inmueble al señor Juan Báez, en la zona de Mbatovi, departamento de Paraguarí.
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El Tribunal de Alzada concluyó que la accionante no aportó argumentos suficientes para considerar como acreditada la urgencia, como así tampoco el carácter de irreparable del daño que Marta González alega sufrir. Dichos requisitos están establecidos por el Artículo 693 del Código Procesal Civil.
La exviceministra cartista había fundamentado su pedido, afirmando que el inmueble es una reserva natural y que con la adjudicación al señor Juan Báez de la finca con Padrón N° 6353, del distrito de Paraguarí, el “bosque constituido por 4.415 plantas de eucalipto está gravemente amenazado”.
Adjudicación ilegal, según exviceministra de la SET
Marta González pidió al Tribunal de Cuentas la suspensión de los efectos de la resolución, con el argumento que la presidenta del Indert Gina Gail González, en complicidad con sus abogados, adjudicó de manera ilegal el inmueble al señor Juan Báez. Agregó que existe un “evidente esquema delictivo”, liderado por la secretaria de Estado.
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Agrega que el Indert se aprovechó de su “puntillosa obsesión por cumplir la ley, para despojarme ilegalmente de mi derecho, y adjudicar a otra persona sin derecho alguno dicho inmueble, sobre el cual tengo resoluciones judiciales que reconocen mi posesión, y en el que tengo realizadas inversiones por más de G. 800 millones”, según resalta el escrito presentado ante el Tribunal de Cuentas.
González cuestiona además que los abogados del Indert fundamenten que la “absurda teoría” de que la fracción con Padrón Nº 6353 no es un excedente de la finca 5248, sino una finca supuestamente colindante con la misma.
Por último, indica que lejos de buscar promover la reforma agraria, lo que buscan los involucrados es hacer negocio, explotando el lugar como emprendimiento turístico, como “indisimuladamente” ya lo han intentado.
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El intento de despojo del valioso inmueble
Juan Báez y su familia viven hace casi 25 años en el lugar. El modesto poblador denunció que Marta González Ayala y su esposo, el abogado Jacinto Santa María, han intentado en reiteradas oportunidades echarlo de ahí.
La última arbitrariedad encabezada por González y su esposo fue el 22 de setiembre del año pasado, cuando efectivos de la Policía y militares llegaron hasta la casa de don Juan y derrumbaron parte de ella. La demolición, pretendida por la exviceministra de la SET, fue efectuada mediante una serie de decisiones llamativas.
La exviceministra planteó en 2019 un interdicto de obra nueva contra Juan Báez. El interdicto de obra nueva está regulado en los artículos 653, 654 y 655 del Código Procesal Civil. En concreto, el último artículo establece que la sentencia “dispondrá la suspensión definitiva de la obra, o, en su caso, su destrucción y la restitución de las cosas al estado anterior, a costa del vencido”.
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A pesar de la claridad del señalado artículo, en noviembre de 2019 la jueza de primera instancia en lo Civil de Paraguarí Nancy Cabrera dictó una sentencia en la que ordenó la “restitución de la posesión”.
Finalmente, la titular del Indert Gina Gail González firmó el 29 de noviembre de 2022 la resolución 4087/2022, a través de la cual desestimó una serie de pretensiones y finalmente adjudicó un inmueble fiscal de 16 hectáreas a Juan Báez Benítez, quien habita en el lugar junto a su familia desde hace casi tres décadas.