La presidenta del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Abog. Gail González Yaluff, anunció que presentó ante el Ministerio Público una denuncia del conflicto que existe por unas 8.000 hectáreas de tierras del alto Chaco, que no serían aptas para la explotación productiva, que se encuentran a unos 30 kilómetros de la frontera con Bolivia. La denuncia señala la comisión de supuesto hecho punible de invasión de inmueble ajeno contra personas innominadas y otros, referente a bienes patrimoniales de ente, así como también de hechos punibles de venta de derecheras, entre otras irregularidades.
Detalló que el caso denunciado tiene que ver con dos expedientes administrativos, el N° 808191/2012 caratulado “Pablo Pflufel Balbuena” y N° 5962/14 “Domingo Rubén Giménez Martínez”.
Lea más: Indert transferirá al Mades 100.000 hectáreas de Chovoreca
“Funcionarios del Indert de la Región Occidental informaron que varias personas se acercaron para ingresar solicitudes a nombre de otras personas y la verificación técnica correspondiente sobre esas mismas fracciones, cuya calidad del suelo en su mayor porcentaje no es apta para la producción. Al mismo tiempo, otros funcionarios de alto rango informaron también que se acercaron y solicitaron la intermediación de los mismos para ingresar las solicitudes ofreciendo inclusive mucho dinero”, según el relató de Gail González.
Con respecto a este caso, dijo que personas afectadas, inclusive funcionarios del ente, denunciaron haber recibido amedrentamientos y amenazas contra la integridad física de los mismos por parte de terceros, temiendo incluso por sus propias vidas. Añadió que la Fiscalía tomó el caso y solicitó al Indert las copias de los dos expedientes mencionados.
Según Gail González Yaluff el referido caso registrado es sumamente grave y dijo estar preocupada, por lo que, paralelamente, presentó ante el Ministerio Público la formal denuncia por la comisión del hecho punible de invasión de inmueble del patrimonio del Estado, en la unidad a cargo del fiscal César Sosa y solicitó que se realice una investigación exhaustiva del caso y así tomar las medidas pertinentes.
Simultáneamente, indicó que comisionó a técnicos del ente para realizar una verificación “in situ” con relevamiento de situación de ocupación y mejoras de las fracciones afectadas, a fin de dilucidar el tema y conocer quién o quiénes están detrás de este hecho.
Finalmente, informó que solicitarán custodia de FF.AA. para proteger las fracciones del patrimonio del Estado, que se encuentran ubicadas en zona de protección de especies de la fauna y la flora que necesitan de resguardo para su preservación.