Los casos atribuidos a los legisladores del Partido Colorado José María Ibáñez y Víctor Bogado, quienes fueron acusados por al fiscalía de pagar con dinero público a sus caseros y a la niñera, respectivamente, terminaron con leves sanciones, que a su vez no guardaban proporción a la responsabilidad que ambos tenían, en su calidad de legisladores.
En el caso de Ibáñez, el político colorado junto a su esposa y los “caseros de oro” consiguieron la suspensión condicional del procedimiento, con la anuencia de la fiscalía, tras ser acusados de expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso, cobro indebido de honorarios y frustración de la persecución penal.
Por su parte, Víctor Bogado fue beneficiado con una leve condena por cobro indebido de honorarios, en el caso de su “niñera de oro” Gabriela Quintana, quien figuraba como funcionaria de la Cámara de Diputados y como contratada de la Itaipú Binacional.
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Tras cumplir con su exigua condena, Bogado fue precandidato a diputado de Asunción por el movimiento Honor Colorado, pero no logró ingresar a la lista final para pugnar por un escaño en la Cámara Baja. Sin embargo, su esposa Guadalupe Aveiro sí quedó como suplente en lista para la Cámara de Senadores.
Ibáñez y su esposa en el caso “caseros de oro”
El 10 de julio de 2018 el juez de Garantías Julián López otorgó una salida favorable al diputado colorado José María Ibáñez y a su esposa Lorena Plabst, en el proceso por pagar a sus caseros con dinero del Estado
La medida también favoreció a los “caseros” Favio Ernán Gómez, Viviana Falcón Valenzuela y Ever Isaac Falcón, además a la jefa de gabinete de Ibáñez, María Liz Gutiérrez Ávalos, quien certificó las planillas de registro de asistencia a la Cámara de Diputados de los tres primeros citados, para la prestación de servicios que nunca se produjeron.
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En la audiencia preliminar, la fiscala Victoria Acuña primeramente se ratificó en la acusación y pedido de juicio oral para Ibáñez por expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso y cobro indebido de honorarios; para Plabst por estafa; para los caseros y Gutiérrez por cobro indebido de honorarios, uso de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso y frustración de la persecución penal.
Para obtener la suspensión condicional del procedimiento la defensa argumentó que el perjuicio ocasionado por el parlamentario colorado, además de ser reducido –solo G. 30 millones–, ya había sido reintegrado mediante depósito realizado por Ibáñez a cuenta de la Cámara de Diputados y, por lo tanto, reparado.
El criterio de la defensa fue avalado sin cuestionamiento alguno por la fiscala Victoria Acuña y aprobado sin más trámite por el juez Julián López, quien otorgó la salida procesal cuando era interino del juez titular de la causa, Miguel Tadeo Fernández (actualmente ya fuera del Poder Judicial).
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A cambio de la salida procesal Ibáñez y su esposa donaron un generador eléctrico Hyundai con potencia 117 KVA valuado en G. 117 millones al leprocomio Santa Isabel; por su parte los caseros y la funcionaria de Diputados donaron G. 5 millones cada uno al Comité de Ayuda a Enfermos del Mal de Hansen, en 12 cuotas.
Leve condena a Víctor Bogado por su “niñera de oro”
El 3 de mayo de 2019 el entonces senador Víctor Bogado (ANR, cartista) y su “niñera de oro” Gabriela Quintana fueron condenados a exiguas penas al ser hallados culpables por el hecho de cobro indebido de honorarios y se salvaron de ir la cárcel tras ser absueltos del hecho punible de estafa. El tercer acusado, Miguel Pérez, exjefe de gabinete de la Cámara de Diputados, fue absuelto de culpa y pena.
El Tribunal de Sentencia integrado por los jueces Elio Ovelar (presidente), Juan Carlos Zárate y Víctor Medina condenó a Bogado a un año de prisión,y a Gabriela Quintana, a un año y medio, en ambos casos con suspensión a prueba de la ejecución de la pena, al encontrarlos culpables del hecho punible de cobro indebido de honorarios.
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Según la sentencia en el juicio se probó que efectivamente Víctor Bogado (entonces presidente de la Cámara de Diputados) realizó tráfico de influencias para que su funcionaria Gabriela Quintana fuera contratada en la Itaipú.
También se pudo comprobar que bajo engaños Quintana firmó un contrato con Itaipú, el cual no iba a poder cumplir, pero a decir de los magistrados no se reunieron todos los requisitos para poder probar el delito de estafa.
En los alegatos finales los fiscales René Fernández (actual ministro de Seprelad) y Liliana Alcaraz indicaron que se cometieron los hechos punibles de cobro indebido de honorarios y estafa (ya que en ese momento percibía sueldo en Diputados), por lo que solicitaron una pena de prisión de cuatro años para Víctor Bogado y para Gabriela Quintana, mientras que para Miguel Pérez se pidió un año y medio de cárcel.
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A cambio de la suspensión de la ejecución de la condena, el exsenador colorado donó G. 20 millones de forma mensual, por el plazo de 2 años, a diez instituciones de beneficencia, totalizando G. 480 millones.
Por su parte Quintana devolvió íntegramente la remuneración que percibió de la Itaipú Binacional de forma irregular, es decir, los G. 71.683.460 que cobró como salario en el periodo en que también percibía sueldo como funcionaria de la Cámara de Diputados, y los G. 34.579.994 que percibió en concepto de compensación por su desvinculación de uno de esos organismos.
La “niñera de oro” también donó la suma de G. 2 millones mensualmente a la Cruz Roja Paraguaya, por el plazo de su condena. Es decir, por un año y medio.
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