El defensor Público, abogado Osvaldo Prates Grassi, quien representa a las víctimas residentes del Instituto Nacional de Cáncer (Incan), confirmó que el caso de presunto acoso sexual por parte de médicos de mayor rango, es remitido al Ministerio Público.
La investigación es caratulada como “Violencia contra la Mujer”, y se encontraba a cargo del juez Blas Figueredo, quien hoy resolvió mantener las medidas de protección a favor de las víctimas, ya estaban vigentes. “También remitió los antecedentes al Ministerio Público para que se investigue los presuntos hechos punibles denunciados”, manifestó.
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La audiencia realizada hoy consistió en la producción probatoria, en el caso concreto y la prosecución de declaración de testigos. Asimismo, anteriormente ya se presentaron las pruebas documentales, como notas y evaluaciones médicas.
Resultado es satisfactorio, dice
Ante la decisión del juez, el abogado expresó que el resultado, hasta ahora, es satisfactorio. “Estamos contentos con la actuación del juez”, aseveró. Prates Grassi agregó además que las médicas están satisfechas que el caso pase al Ministerio Público.
Por otro lado, manifestó que las parte demandada salió golpeada con la determinación del juez y podrían recurrir a una apelación. En ese sentido, explicó que la otra parte tiene dos días de apelación, tiempo que corre a partir de mañana, que se dará lectura íntegra de la sentencia.
Desde el Ministerio de Salud indicaron que se solicitó al Incan adoptar medidas para prevenir los supuestos hechos denunciados, arbitrar los mecanismos de protección y acompañar a las personas en situación de acoso mientras dure el procedimiento judicial.
Los datos de las víctimas y agresores se reserva a efectos de precautelar los alcances de la Ley 5777/16.