El Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos, Crimen Organizado y Anticorrupción hizo lugar al pedido del fiscal Osmar Legal Troche y fijó el 16 de agosto de 2023 como nueva fecha para la presentación del requerimiento conclusivo en la causa que investiga al exministro del Interior Arnaldo Giuzzio, por supuesto cohecho pasivo agravado (coima).
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La presentación del requerimiento conclusivo se había fijado para el próximo 16 de febrero, pero el agente de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción alegó que están pendientes la revisión técnica de los 44 aparatos informáticos incautados de la vivienda de Giuzzio y el posible pedido de auxilios judiciales a las autoridades brasileñas, teniendo en cuenta que el supuesto pedido de coima fue hecho al traficante de drogas del vecino país Marcus Vinicius Espíndola Marques de Padua.
Giuzzio fue imputado el 16 de agosto de 2022 y al día siguiente los fiscales Osmar Legal y Alicia Sapriza allanaron la vivienda del exsecretario de Estado e incautaron varios elementos como imágenes de las cámaras de circuito cerrado. Paralelamente, el fiscal Silvio Corbeta se constituía en el Ministerio del Interior para retirar documentaciones de la administración del exministro.
Imputación a Arnaldo Giuzzio por presuntos vínculos con narco
La imputación presentada contra el exministro del Interior Arnaldo Giuzzio deriva del “Operativo Turf”, ejecutado el 15 de febrero de 2022 en simultáneo entre Brasil y Paraguay. En el vecino país fue detenido Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua, cuyo celular fue incautado y sometido a pericia y los resultados de la misma arrojaron la vinculación con Giuzzio.
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El Ministerio Público señala que aproximadamente desde el mes de julio de 2021 hasta febrero de 2022, Arnaldo Giuzzio, en su carácter de ministro del Interior, habría estado en contacto y comunicación con el ciudadano brasileño Marcos Vinicius Espíndola Marqués de Padua, quien administraba y dirigía las empresas Black Eagle SA-OMBU SA.
Dichas firmas, en ese entonces, se habrían dedicado a varias actividades comerciales, entre ellas el blindaje de vehículos, mantenimiento de blindados, antivandalismo, sistema FLATS Over, blindaje de ruedas, alquiler de vehículos blindados, blindaje arquitectónico y ventas de materiales de seguridad.
La imputación fiscal resalta que Giuzzio, en pleno ejercicio de sus funciones propias como ministro del Interior, habría aceptado el blindaje de un móvil de la Policía Nacional en concepto de ‘cortesía’ por parte de las firmas Black Eagle Group SA y OMBU SA.
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El entonces ministro del Interior también habría aceptado el préstamo, a título gratuito, de un vehículo para su uso personal-familiar durante un viaje privado, presuntamente vacaciones, a la República del Brasil, por parte de las empresas representadas por Marcos Vinicius Espíndola Marqués de Padua.