Hasta el cierre del horario laboral del juzgado de ejecución penal N° 1, actualmente a cargo de la magistrada Sandra Silveira, hoy a las 13:00, la secretaria no recibió escrito alguno por parte de Santiago Vicente Ochipinti Beterette. Esta situación motivaría su separación de la presidencia de la Confederación Paraguaya de Básquetbol (CPB).
Los antecedentes del caso se remontan hasta el 8 de diciembre del 2019, cuando el Tribunal de Sentencia, presidido por Blanca Gorostiaga e integrado por Lourdes Peña y Manuel Aguirre (disidente), condenó a Ochipinti a 3 años de cárcel por tentativa de estafa, tras concluir que estuvo implicado en un negociado con pozos artesianos gestado en el 2015 durante la administración de Justo Pastor Cárdenas y que se frustró por cuestiones ajenas a los intervinientes.
En la ocasión, Ochipinti -quien se desempeñó como director del Fondo de Inversiones Rurales para el Desarrollo Sostenible (FIDES)- recurrió la sentencia condenatoria en instancias superiores y tras el rechazo del recurso de casación por parte de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el expediente fue derivado al juzgado de ejecución N° 1, para el cumplimiento de la sentencia.
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La jueza Sandra Silveira explicó que tras constatar que no existen recursos pendientes y en consecuencia, la sentencia quedó firme, revocó las medidas alternativas a la prisión con que contaba Ochipinti desde el inicio del proceso y ordenó su captura. Para su cumplimiento, el juzgado remitió el oficio correspondiente a la Comandancia de la Policía Nacional, que a su vez deberá notificar a la comisaría de la zona de su residencia, barrio Las Mercedes.
Ayer intentamos contactar con Ochipinti a su celular con terminación 006 pero no tuvimos respuesta. La fiscala de ejecución Carolina Romero explicó que está asignada al caso pero no ha sido aún notificada de la resolución del juzgado y tampoco de presentación alguna realizada por la defensa del condenado.
Antecedentes de la condena a Santiago Ochipinti
En el 2016, justamente se filtraron audios entre Ochipinti y el director de Gabinete del Indert, David Bogarín, que dejaron al descubierto los entretelones de las tratativas con la Fundación Oriente y otras.
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Se trata de una propuesta presentada al Indert en setiembre del 2015 por la Fundación Oriente, de Liliana Fernández, para la construcción de pozos artesianos en tres asentamientos de Canindeyú, para proveer agua potable a 162 familias. La Fundación presentó un presupuesto de la empresa R.G.C. Construcciones por G. 1.260.746.801 para la compra de materiales, cuya financiación solicitó al Indert.
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La propuesta fue aprobada y se ordenó el desembolso del 60% del costo total, que no se materializó porque la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) objetó que la Fundación Oriente ya había recibido un desembolso anterior y no podía tener dos proyectos.
Documentos falsos
En juicio se comprobó que los documentos presentados por la citada fundación eran totalmente falsos.
También en juicio, el supuesto propietario de la firma R.G.C. Construcciones, Esteban Aquino Cabrera dijo que nunca se dedicó a la construcción, que trabaja como peón de estancia y negó haber presentado presupuesto alguno a la Fundación Oriente, que dijo además desconocer por completo.
La dirección presentada como supuesto asiento de la firma tampoco corresponde, pues ahí jamás funcionó oficina alguna, conforme declaró en juicio la familia que reside en el lugar hace más de 10 años.
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El Tribunal en mayoría concluyó que Ochipinti incurrió en el ilícito al no corroborar la veracidad y autenticidad de la documentación presentada por la Fundación Oriente, que según datos, tampoco funcionaba en la dirección indicada.