El primer capítulo del informe de Derechos Humanos 2022 de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY), realizada por Tierraviva, denuncia la situación negativa en la que se encuentran las comunidades indígenas.
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Recuerdan, primeramente, que el año inició teniendo como antecedente las protestas. Los desalojos forzosos movilizaron a grupos que marcharon el 10 de diciembre de 2021, “exigiendo el cese de la persecución y el fin de la criminalización de indígenas y campesinos”.
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Luego, el informe critica la decisión del presidente Mario Abdo Benítez de designar como nuevo presidente del INDI a Omar Pico, “quien sin rubor alguno aceptó el nombramiento, a pesar de no contar con el conocimiento ni la experiencia en el ámbito público que se le estaba encargado gerenciar, así como en ninguna materia análoga, tal como él mismo se encargó de reconocer ante los medios de comunicación”, escriben.
Presupuesto del Indi “sigue bajando”
Por otra parte, manifiestan que en materia presupuestaria, se ve una política regresiva, ya que en general, el presupuesto del Instituto Paraguayo del Indigena (Indi) sigue bajando.
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Según el informe, en el 2018, el presupuesto de G. 81.823 millones mostraba una ejecución de solo un poco más del 30%.
Para el 2019 ya se vio una drástica disminución del presupuesto que llegó a G. 65.329 millones, con una ejecución de cercana al 60%.
En el 2020, el presupuesto vuelve a subir, pero sin alcanzar el monto del 2018 (G. 81.823 millones), siendo G. 76.760 millones el total asignado para ese año. En el 2021 el presupuesto volvió a bajar a G. 72.137 millones.
Finalmente, se registró una disminución en el 2022 que dejó el presupuesto en G. 67.310 millones. Este año, la ejecución llegaría a solo un 40%, siempre según el informe.
Censo Nacional no incluyó identificación étnica
Otro cuestionamiento hacia las políticas del Gobierno de Abdo, se refiere al Censo Nacional. realizado el pasado 9 de noviembre.
Tierraviva cuestiona que el censo, a diferencia del último llevado a cabo en el 2012 y el anterior realizado en el 2002, se omitió la pregunta sobre identificación étnica. Alegan que esta información es clave para las políticas públicas en cuanto a la migración y el desplazamiento.
Finalmente, la organización indica que la seguridad hídrica no está garantizada para las comunidades indígenas, por lo que el acceso al agua sigue dependiendo del azar climático.