La jueza penal de Garantías María Elena Cañete, del Juzgado de San Lorenzo, resolvió esta tarde rechazar el pedido del Ministerio Público respecto a Tadeo Andrés Álvarez Cristaldo, presidente de la ONG Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), quien en principio fue imputado por lesión de confianza, asociación criminal, producción de documentos no auténticos y declaración falsa, en la causa más conocida como “facturas clonadas”, que involucra a la Gobernación de Central.
Finalmente, Álvarez Cristaldo fue procesado por lesión de confianza y declaración falsa y la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción, solicitó beneficiarlo con un procedimiento abreviado con suspensión a prueba de la ejecución de la condena, pero la magistrada Cañete decidió no hacer lugar a lo solicitado y remitió el expediente a la Fiscalía General del Estado (FGE), que tendrá un periodo de 10 días para responder y remitir nuevamente el legajo al Juzgado de San Lorenzo para su nuevo análisis.
Los fiscales de la causa son Rodrigo Estigarribia, Diego Arzamendia y Francisco Cabrera, quienes imputaron en esta causa a 17 personas incluyendo al exgobernador de Central, Hugo Javier González Alegre (ANR, cartista).
Semanas atrás, presentaron acusación contra el exadministrador departamental y otras 7 personas y solicitaron que la causa sea elevada a juicio oral y público. Hasta el momento, cinco procesados fueron beneficiados con distintas salidas procesales.
Jueza fundamentó su decisión
“Se debe recordar que el Ministerio Público ha investigado en la presente causa la supuesta comisión de los hechos punibles contra el patrimonio público y de alto valor, mediante la utilización de fondos previstos para la reactivación económica en época de la crisis sanitaria debido al covid-19 declarada por ley Nº 6524/2020 y el Ministerio Público sostiene la importante participación del procesado Tadeo Andrés Álvarez Cristaldo como la Fundación CIAP, el Ministerio Público señala la relevancia de la conducta atribuida al citado procesado en el perjuicio económico causado al Estado paraguayo, quien a lo largo del proceso habría colaborado aportando elementos que permitirían llegar a la verdad real de los hechos, por lo que en virtud de ello se podría analizar la viabilidad de una salida anticipada”, dice parte del fundamento de la jueza Cañete.
En este sentido, la Fiscalía sostiene que al presidente de CIAP aportó valiosos datos y pruebas en el proceso de la investigación que llevó a descubrir el esquema delictivo montado dentro de la Gobernación de Central y del cual eran miembros colaboradores activos el mismo gobernador, directores, funcionarios, contratistas y miembros de la oenegé.
“Teniendo en cuenta el objeto de la investigación y la naturaleza de los hechos punibles investigados, la pena solicitada no sería consecuente, atendiendo a la gravedad de los mismos, ya que los hechos que el Ministerio Público le ha atribuido son contra el patrimonio del Estado Paraguayo y de toda la sociedad y los mismos son de alto valor, más aún teniendo en cuenta el contexto de la pandemia y los fines de los fondos que fueron previstos para la reactivación económica”, finaliza el fundamento de Cañete.
Finalmente, aclara que lo resuelto por el Juzgado no pone en tela de juicio el desempeño de los fiscales que investigaron el caso.
Rendición plagada de facturas clonadas
En las rendiciones de cuentas presentadas por Álvarez y González Alegre a la Contraloría General de la República y Auditoría General del Poder Ejecutivo, se detallan facturas presumiblemente clonadas y falsas que trataban de justificar sumas por obras que nunca se llevaron a cabo. Las obras que presentaron ya existían antes del desembolso y fueron pagadas con otro fondo, según la acusación.