La fiscalización de la ejecución presupuestaria de los recursos de royalties y del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) realizada por un equipo auditor de la CGR abarcó la gestión del ya fallecido intendente colorado Elvio Ruiz Díaz y de su sucesor en la Intendencia, Gabriel Sánchez, actual candidato a la Junta Departamental de Paraguarí por el movimiento colorado Fuerza República (FR) que lidera el presidente de la República Mario Abdo Benítez.
El resultado de la fiscalización fue remitido a la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, para iniciar la investigación sobre el supuesto daño patrimonial a las arcas municipales de Escobar. Al respecto, la fiscala Quiñónez manifestó que el informe de la Contraloría está en análisis; que es normal dicho procedimiento y si se precisa más datos se solicita para luego determinar quién es el fiscal que va a atender el hecho para abrir una causa que hasta el momento no está aún definido.
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Los auditores realizaron primeramente las observaciones y la actual intendenta, María Cristina Espínola (colorada abdista), junto con el exintendente Sánchez, intentaron justificar las irregularidades encontradas, como obras fantasmas, construcciones en propiedad privada, retiro de fondos municipales por familiares, los documentos que respaldan pertenecen a otros ejercicios o algunos con millonarios montos las facturas están anuladas por la Secretaría de Estado de Tributación (Set), entre otros, de acuerdo al informe de la Contraloría.
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La Contraloría General de la República (CGR), entre sus conclusiones que contienen 27 ítems, señala que el control incluyó el examen sobre la base de pruebas selectivas de las evidencias y documentos que soportan las cifras expuestas en los documentos analizados como también del cumplimiento de las disposiciones legales.
En ese sentido, entre las observaciones más llamativas, la CGR menciona que en el 2020 fueron hallados pagos con los recursos de Fonacide por un monto de G. 218.352.524. Entre los documentos respaldatorios se encontraron facturas a nombre de “Servicios Gastronómicos San Miguel”, todas con mismas numeraciones, pero con diferentes contenidos.
Obras y documentos inexistentes
Entre otras irregularidades se menciona que en la gestión de Ruiz Díaz se pagó por almuerzo escolar de G. 85.595.988, pero no se presentó documento respaldatorio. Se visualizaron las mismas facturas que aparecen en la rendición de cuenta del ejercicio fiscal del último cuatrimestre del 2019.
La Municipalidad pagó también por 924 kits de víveres un monto de G. 118.272.000, pero no se evidenciaron actas de recepción ni planillas de la entrega de los alimentos. Además, se abonó por combustible y lubricantes un total de G. 85.351.000, pero no se evidencian los documentos respaldatorios.
Además, la administración comunal, durante el 2020, en la gestión de Ruiz Díaz se realizaron obras de construcción en una propiedad de dominio privado por un monto de G. 125.000.000. También se constató que un funcionario municipal había cobrado en su gestión un cheque por valor de G. 142.703.167, indica el reporte de anomalías administrativas.
En la gestión de Sánchez se emitió un cheque por G. 626.557.880 a favor de las empresas San Miguel, Legión de Servicios SA y el Comité General Aquino, pero en el anverso y reverso del cheque se constató que fue efectivizado por un familiar cercano del intendente; otro cheque por obras inconclusas por un monto de G. 81.386.160; con otro cheque por G. 148.811.546 fue pagado por obras inexistentes supuestamente a la empresa San Miguel, de Cristino Jara, y otro por G. 30 millones por ítems no ejecutados.
Entre las sugerencias dictadas por la CGR se señala que la Municipalidad deberá velar mediante la adopción de medidas de control que aseguren una permanente y oportuna supervisión de los procesos de pago durante el ejercicio de sus funciones, con el fin de evitar cualquier irregularidad o actuación contraria a los principios de economía, eficiencia o eficacia, garantizando así el buen uso de los recursos públicos.
Además, recomienda que debe diseñar e implementar un plan de mejoramiento que permita solucionar las deficiencias y debilidades detectadas.