Caso Fretes “amerita el juicio político a Sandra Quiñónez”

A criterio del senador por el Frente Guasu Pedro Santa Cruz, el caso del hijo del ministro de la Corte Antonio Fretes, el abogado Amílcar Alfredo Fretes Escobar, quien firmó un contrato por 368.000 dólares para evitar la extradición de Kassem Mohamad Hijazi a Estados Unidos, es causal de juicio político a la fiscala general del Estado Sandra Quiñónez.

Sandra Raquel Quiñónez Astigarraga, fiscal general del Estado.Heber Carballo
audima

El senador Pedro Santa Cruz (Frente Guasu) argumentó que, según la denuncia que él recibió, Antonio Fretes fue alertado desde la fiscalía a cargo de Sandra Quiñónez sobre el hallazgo del contrato en el celular que fue requisado a Kassem Hijazi, en su celda de la Agrupación Especializada de la Policía, tras el asesinato del fiscal Marcelo Pecci en Colombia, el 10 de mayo de este año.

“Este escándalo no solo amerita el juicio político al ministro Antonio Fretes sino también a la fiscal general Sandra Quiñónez, teniendo en cuenta todo lo que se ventiló en estos días”, dijo.

Al respecto Santa Cruz recordó que la fiscalía no hizo una pericia del celular incautado a Hijazi, quien es sindicado como principal sospechoso de ser el autor intelectual del crimen del agente fiscal Marcelo Pecci, y decidió entregar el aparato a la agencia internacional DEA para la extracción de datos del teléfono.

El senador por el Frente Guasu dijo que las afirmaciones del fiscal Lorenzo Lezcano, quien encabezó la requisa en la Agrupación, levanta sospechas sobre la posible complicidad en el caso del hijo del ministro Antonio Fretes, teniendo en cuenta que el agente afirmó que, por orden de la fiscala Sandra Quiñónez entregó los celulares requisados al fiscal adjunto antidrogas Marco Alcaraz, sin embargo este último lo desmintió.

Posteriormente desde el Ministerio Público aclararon que los aparatos requisados fueron entregados al fiscal Federico Delfino.

Santa Cruz recordó que el fiscal Lezcano también dijo que informó del operativo de requisa a sus colegas Alicia Sapriza y Manuel Doldán, pero estos negaron estar en conocimiento del caso.

“La propia fiscala general Sandra Quiñónez desmintió a su agente, pero ella no puede argumentar desconocimiento en relación a lo que hacen los fiscales a su cargo. Ella es responsable directa”, finalizó el parlamentario.

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