La abogada Rossana Báez Mendoza, titular de la firma Agropeco SA, obtuvo recientemente el doctorado en ciencias jurídicas.
La tesis doctoral fue titulada “Aplicación de la Ley 6676/20 y sus efectos a los propietarios de zonas boscosas””. Cabe señalar que la Ley 6676/20 establece una prórroga en la política de deforestación cero, en toda la región Oriental de nuestro país.
La nueva ley introduce la figura de exoneración condicionada en el pago de impuesto inmobiliario en aquellas propiedades que poseen bosques.
En sus tesis doctoral, la abogada Báez Mendoza sostiene que “es ineficiente y las autoridades municipales no aplican las exoneraciones establecidas en la ley de deforestación cero”.
Lo grave es que la ley no detiene la tala de montes. “No contribuye a detener ni mitigar la deforestación. El propietario no tiene ningún incentivo en mantener el bosque. No existe proporción entre lo que exige la norma y lo que otorga como supuestos incentivo”. No olvidó mencionar que, en nuestro país, la deforestación aumenta día a día, lo que representa un problema considerable. “Según Naciones Unidades, la tasa promedio anual de deforestación en Paraguay es 325 mil hectáreas por año; con este ritmo, en unos años sólo tendremos un 2 por ciento de superficie de bosque”.
Mantener bosques y pérdida de valor patrimonial
Trae a colación un informe de la agencia satelital Watch Forest donde consta que “Paraguay perdió más de 6.000.000 de hectáreas en los últimos 20 años pese a todas las prohibiciones de carácter legal existentes. Esto significa que solo el 4% de bosque originario sigue en pie en la región Oriental”.
La Dra. Báez Mendoza advierte que “mantener bosques es un problema para los propietarios, solo genera costos, al tener que mantener y cuidar de invasores, cazadores furtivos y marihuaneros”.
A los problemas que genera la protección de los bosques, se genera otro: la perdida y desvalorización patrimonial de 76.3 por ciento, en comparación con una tierra mecanizada.
“Un inmueble que tiene monte tiene menor valor de mercado que una tierra mecanizada. Esto impacta directamente en la cotización de la propiedad, en caso de venta” señala.
Agrega que “se pierden oportunidades económicas por el bloqueo en las actividades; la inaplicabilidad de la norma por parte de autoridades municipales; y la inexistencia de beneficios fiscales por la protección ambiental. El resultado es el aumento de la deforestación”.
Resalta que “tenemos bien claro el valor del bosque para el ser humano, de allí la importancia de otorgar incentivos fiscales adecuados a los propietarios para que la masa boscosa no termine destruida”.
Termina diciendo que “se debe establecer políticas y estrategias eficaces de protección al medio ambiente, estableciendo mecanismos innovadores para incentivar preservación”.
Incentivos para la protección
La Dra. Rossana Báez Mendoza plantea, para detener o mitigar la deforestación modificar del artículo 6° de la ley 6676/2020 debiendo expresar cuanto sigue:
“Para retribuir los beneficios ambientales que generen, los propietarios que poseen las áreas de bosques nativos de la región Oriental naturales, previa inscripción como beneficiario en un Registro Nacional de Beneficiarios del Sistema fiscal verde, tendrán los siguientes incentivos:
Serán determinadas en su base imponible como áreas exoneradas del impuesto a la renta, a las utilidades (IDU) e impuesto inmobiliario, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en la misma norma.
Para determinar el valor de la deducción del impuesto a la renta, serán considerados los montos fijados para los certificados de servicios ambientales, estipuladas en el art 5 la ley N° 3001/06, de acuerdo a cada ecorregión”.
Sugiere utilizar como base un valor económico ya establecido por el Ministerio del Ambiente.
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En el caso de invasión de propiedades privadas sugiere que “el Ministerio Público disponga de un plazo máximo de cinco días para ejecutar el desalojo y formar los procesos judiciales ante los juzgados competentes cuando se invadan propiedades con bosques, con excepción de los casos de desalojo que se encuentren en conocimiento de las autoridades judiciales”.
No solo los campesinos son responsables
Eulalio López, dirigente del Comité de Resistencia Campesina, con sede en San Pedro, sostiene que “la protección de los últimos bosques que quedan en el país es una prioridad. Y la destrucción del monte tiene que ser castigado por la ley. El error es suponer que los campesinos somos los únicos responsables de esta situación”.
Entrando en detalles sobre la propuesta de desalojo en un plazo perentorio de cinco días las ocupaciones de inmuebles con montes, como es la propuesta de la Dra. Báez Mendoza, Eulalio López afirma: “Muchas veces son los mismos empresarios o propietarios de inmuebles quienes contratan gente para simular invasiones y luego se culpa a los campesinos”.
Dijo además que “inventan invasiones como pantalla para tapar la destrucción de los bosques y así poder ampliar los campos de cultivos de granos. Sí coincidimos en que los últimos bosques de nuestro país tienen que ser preservados”.