Cámara ratifica segunda imputación contra el exgobernador Hugo Javier

AREGUÁ. Un Tribunal de Apelación Especializado ratificó la admisión de la imputación contra el exgobernador de Central, el cartista Hugo Javier González Alegre, procesado por el presunto desvío de G. 18.300 millones. Está pendiente la audiencia de imposición de medidas.

Hugo Javier González, alias "El Nº 2" (d), con el candidato colorado cartista Santiago Peña.Gentileza
audima

La resolución con fecha 3 de noviembre está firmada por los jueces especializados en Delitos Económicos Arnulfo Arias, Gustavo Ocampos y Bibiana Benítez Faría. El documento rechaza la apelación de la defensa del exgobernador de Central Hugo Javier González Alegre (colorado cartista), representado por los abogados Fausto Portillo y Bernardo Villalba.

Los letrados apelaron ante la Cámara la providencia de fecha 28 de septiembre firmada por el juez especializado Humberto René Otazú Fernández, quien admitió la imputación contra González Alegre, hecha por el fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción, Juan Manuel Ledesma, el pasado 26 de septiembre. Los defensores pretenden la nulidad de dicha imputación.

Hugo Javier González (c) con los aspirante a la presidencia del Partido Colorado.

Sin embargo, si bien el Tribunal declaró admisible el recurso de apelación emanado por Portillo y Villalba, decidió ratificar la resolución del juez Otazú, quien confirmó la imputación de Ledesma.

Audiencia pendiente

Tras el fallo del Tribunal, ahora el expediente deberá retornar al Juzgado Penal de Garantías y posteriormente se fijará fecha para llevar a cabo la audiencia de imposición de medidas relacionada en esta segunda causa penal que investiga el Ministerio Público.

Hugo Javier González Alegre y otras 48 personas fueron imputados el pasado 26 de septiembre de este año, por la supuesta comisión de los hechos punibles de lesión de confianza, apropiación, asociación criminal y producción de documentos no auténticos.

Se sospecha que en la institución departamental de Central se creó un esquema delictivo que operó con la complicidad de funcionarios, directores, proveedores y miembros de cinco ONG para desviar supuestamente más de G. 18.300 millones.

En los allanamientos realizados por el fiscal Ledesma fueron incautadas decenas de biblioratos que contenían documentos que revelaron cómo operaba el clan.

En las rendiciones de cuentas de las millonarias transferencias no se encuentran anexados los respaldos exigidos por las normativas legales que regulan el Presupuesto General de la Nación.

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