El juez penal de garantías especializado en Delitos Económicos, Humberto Otazú, rechazó a través del Auto Interlocutorio N° 362 y el AI N° 363 los recursos de reposición con apelación en subsidio planteados, respectivamente, por el extitular de la Gobernación de Central Hugo Javier González Alegre y el asesor jurídico Édgar José Zaracho Quintana, a través del abogado Fausto Portillo.
Ante dicha decisión judicial, un Tribunal de Apelación Penal debe emanar una resolución con respecto al recurso formulado contra la providencia del 28 de setiembre, en la que el magistrado admite la imputación del fiscal Juan Manuel Ledesma contra los dos y otras 48 personas por lesión de confianza, asociación criminal, producción de documentos no auténticos y apropiación.
El juez penal Humberto Otazú también rechazó, por medio de sus AI N° 364 y AI N° 365, los incidentes de nulidad planteados, respectivamente por Hugo Javier y Edgar José contra el acta de imputación presentada por el fiscal Juan Manuel Ledesma, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA).
Lea más: Primeras chicanas de Hugo Javier en proceso por presunto desvío de G. 18.300 millones
Hugo Javier: Conducta de exgobernador no se describe, dice defensa
El abogado Fausto Portillo, quien ejerce la defensa de ambos, junto con el abogado Bernardo Villalba, señaló como causal de nulidad de la imputación que el Ministerio Público, en cumplimiento de la ley procesal, “debe identificar o individualizar correctamente al imputado; segundo, debe describir los hechos imputados y, por último, estimar el tiempo que precisa, dentro del plazo legal, claro está, para formular un requerimiento conclusivo”.
Refiere que lo “que realmente importa y es de suma importancia para el imputado es saber qué hecho punible se le imputa haber cometido, como es que dice el fiscal que cometió, para preparar su defensa a modo de demostrar su inocencia”.
En ese contexto, la defensa señaló que “si bien el acta de imputación consta de 100 fojas y eso hace suponer que dice mucho, pero lo que no dice es qué conducta ha observado nuestro representado con relación en concreto con un supuesto daño patrimonial determinado y cuál fue el beneficio obtenido con dicho daño patrimonial”.
Lea más: Hugo Javier es procesado y convocado por juez en nuevo caso de corrupción
Añadió que la fiscalía tampoco menciona “cómo es que Hugo Javier González produjo un documento falso o de contenido falso, dónde lo produjo, cómo lo produjo, de qué elementos de juicio se dispone para determinar que fue el mismo quien lo produjo, con quién lo hizo y cuál es la conexión criminal que existe entre nuestro representado y los otros 48 coimputados”.
A todos estos cuestionamientos, el Ministerio Público respondió que “la presente acta de imputación deviene de los diferentes elementos de sospechas que han surgido a partir de la realización de varios actos investigativos, tales como allanamientos, incautaciones de documentales, constituciones, testimoniales y demás elementos colectados”.
El juzgado, por su parte, indicó que “dentro del acta de imputación el agente fiscal solicitó que la conducta atribuida al imputado respecto a los hechos investigados sean denominadas “provisorias” y, eventualmente, en otro estadio procesal se resolverá al respecto en forma definitiva”.
Desembolsos por G. 18.300 millones sin respaldo, según fiscalía
La presenta causa se inició en octubre de 2021, con la denuncia presentada ante el Ministerio Público por los concejales departamentales liberales Roque Ávalos, Adrián Vaesken, Laura Moreira, Derlis Larroza, Daniel Ferreira, Benita Jara y Dilio Ortiz, debido a dudosas transferencias de dinero realizadas por la Gobernación de Central y la falta de documentos respaldatorios que avalen la buena ejecución de los recursos desembolsados durante los ejercicios fiscales 2019 y 2020.
La imputación fiscal señala que varias Organizaciones No Gubernamentales (ONG) recibieron más de G. 50.000 millones, de los cuales ahora, según el Ministerio Público, el daño patrimonial, en principio, sería de más de G. 24.000 millones.
El informe final de la auditoría realizada por la Contraloría General de la República (CGR) en la causa fue fundamental para la denuncia efectuada por los ediles del Partido Liberal Radical Auténtico.
En la misma constan innumerables irregularidades y se destaca que G. 18.300 millones desembolsados en 2019 por el ahora exgobernador de Central Hugo Javier González (ANR, cartista) no tienen respaldo en documentos.
Lea más: Hugo Javier González y otras 49 personas fueron imputadas por malversación de fondos
Otros 49 procesados junto al “N° 2″ Hugo Javier
Los demás imputados que guardan relación directa con la Gobernación de Central son: Carlos Alberto Giménez Insfrán, ex director general de Administración y Finanzas (hasta el mes de junio de 2019), y Javier Marcelo Rojas Giménez, ex director general de Administración y Finanzas (desde el mes de junio de 2019 hasta abril de 2022).
El Juzgado de Garantías también procesó a: Luis Allende Araújo, exjefe de Tesorería; Édgar José Zaracho Quintana, exdirector de Asesoría Jurídica; José Manuel López Duarte, exjefe del Departamento de Rendición de Cuentas, y Natalia Soledad Valenzuela Gómez, secretaria de Equidad, Género y Desarrollo Humano.
La nómina de procesados continúa con: Armando Adolfo Soler Espínola, secretario de Obras Públicas; Fernando José Brítez Sánchez, secretario de Desarrollo Sostenible; Víctor José Emilio Basualdo Ramírez, secretario de Desarrollo Económico, y Cirilo Daniel Darmanas Flores, presidente del Consejo Regional de Salud del Departamento Central (hasta el mes de junio de 2020).
También fueron procesados Hugo Javier Cabrera Guerrero, presidente del Consejo Regional de Salud del Departamento Central (desde el mes de junio de 2020); Aníbal Andrés Delvalle Cogliolo y Mónica Liliana Benítez Cáceres, tesorero y contadora, respectivamente, del Consejo Regional de Salud del Departamento Central.