Exobreros de la fábrica San Pedro de la ciudad de Limpio, propiedad de Rolando Ferreira Martins, que fueron despedidos en el 2015, y que según la denuncia fue en forma injustificada y sin percibir indemnización, cuestionan la resolución de la jueza laboral, Greta Katherine Aquino Bittar, quien habría favorecido a la firma.
Un total de 1.000 obreros fueron desvinculados de la mencionada empresa, pero solo 80 recurrieron a los estrados judiciales para reclamar sus haberes, ya sea sueldos, aguinaldos y vacaciones, bajo el patrocinio del abogado Pedro Molinas.
“Mis representados trabajaron para la firma San Pedro hasta noviembre de 2015 y el día 7 de diciembre fueron informados de que fueron desvinculados de la empresa. Recibieron la promesa de que iban a ser indemnizados, porque la empresa se iba a cerrar, pero nunca se les pago nada”, expresó el abogado Molinas.
Agregó a raíz del incumplimiento de la empresa recurrieron a la justicia y en un primer momento la jueza Aquino Bittar declaró embargo sobre los bienes del frigorífico, pero llamativamente en el acto de sentencia, rechazó la demanda supuestamente por falta de pruebas.
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Pese a la presentación de la boleta de ips, jueza dijo que no se tenía pruebas
Los afectados presentaron ante la mencionada magistrada los recibos de cobro, boletas del Instituto de Previsión Social (IPS) y testimoniales que avalaban que prestaron servicios en el cuestionado establecimiento.
“Presentamos todas las pruebas de que mis clientes eran empleados de la firma, como recibos de pagos, boletas de ips y testigos, pero llamativamente la jueza dicta sentencia a favor de la empresa alegando que no se tenía pruebas que demuestren que los demandantes hayan trabajado en la empresa”, expresó el profesional.
El abogado calificó de aberrante la determinación de la magistrada, quien ignoró todas las pruebas presentadas, y que causó un daño enorme a los afectados, y que solo puede ser retrotraído y hacer justicia por el tribunal de apelaciones.
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Denunciaron a jueza ante el JEM
La magistrada también fue denunciada ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados por mal desempeño de funciones, y la apelación está a cargo de los magistrados, Julio César Centeno, Angel Cohene y Geraldine Cases.
Molinas, comentó que la empresa ya fue vendida a otra firma y que el responsable, Rolando Ferreira Martins, ya salió fuera del país. Ferreira Martins, ya fue procesado por estafa y conducta indebida en el 2015.
Los afectados reclaman el pago de una indemnización por despido injustificado, omisión de pre-aviso, vacaciones devengadas y proporcionales, aguinaldo proporcional, diferencias salariales e indemnizaciones complementarias y compensatorias.
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