En comunicación con ABC Cardinal este miércoles, la ministra de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), Teresa Rojas, denunció que la Municipalidad de Santa Rosa del Aguaray está apoyando una iniciativa de invasión de uno de los inmuebles incautados por el Ministerio Público en el marco de la causa contra el narcotraficante brasileño Luis Carlos Da Rocha, alias “Cabeza Branca”.
La ministra Rojas señaló que recibió un vídeo en que se invita a la población a que el 17 de octubre “se sumen a este movimiento de invadir el establecimiento” denominado Lucipar, ubicado en el distrito de Tacuatí, departamento de San Pedro.
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Además, la ministra señaló una declaración de la Junta Municipal de Santa Rosa que declara “de interés distrital la lucha de la Coordinadora Interdistrital de Sintierras del Norte”, que aglutina a personas de los distritos de Tacuati, Santa Rosa, Nueva Germania y Lima.
“Reconocen la propiedad, reconocen que esto está incautado, pero aun así están organizando una invasión con auspicio de la Municipalidad”, denunció la ministra Rojas.
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La Coordinadora solicita la adjudicación a sintierras de unas 4.799 hectáreas del establecimiento Lucipar, agregó la ministra.
Bajo control de Senabico
La titular de la Senabico, institución que administra la estancia desde su incautación por el Ministerio Público, señaló que se trata de bienes privados que permanecerán como tales hasta que la Justicia no declare su comiso, por lo que no pueden ser adjudicados.
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Advirtió que informará de las intenciones de invasión a las autoridades del Ministerio Público, a la jueza que lleva la causa “Cabeza Branca”, al tribunal de sentencia correspondiente y a la Policía Nacional.
La causa “Cabeza Branca”
La semana pasada, la jueza de Garantías Especializada en Crimen Organizado Lici Teresita Sánchez hizo lugar a una acusación de la fiscala antidrogas Lorena Ledesma y elevó a juicio oral la causa abierta a doce supuestos testaferros de Luiz Carlos Da Rocha, quien se encuentra detenido en Brasil desde 2017.
Según la acusación del Ministerio Público, Da Rocha creó empresas ficticias para lavar activos provenientes del narcotráfico. Se detectó que posee 23 estancias en el Paraguay, numerosos vehículos y cabezas de ganado.
En el marco de esta causa se ordenó la incautación de 116 vehículos y aproximadamente 28.350 cabezas de ganado, que costarían en total más de 16 millones de dólares, según los precios de referencia del mercado (año 2018) y se detectaron más de 80 inmuebles.
En 2020, las estancias del grupo, con un valor estimado de más de 100 millones de dólares, pasaron a manos del Estado paraguayo.