Juan Ledesma, fiscal de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), imputó en una nueva causa al exgobernador de Central, Hugo Javier González Alegre (ANR, catista), además de otras 49 personas involucradas supuestamente en un esquema delictivo que habría desvíado, en principio más de G. 18.300 millones, que fueron desembolsados a varias ONG entre los años 2019 y 2020.
Todos los imputados están siendo investigados por los hechos de lesión de confianza, asociación criminal, producción de documentos no auténticos y apropiación. El Ministerio Público solicitó arresto domiciliario para algunos procesados y para otros medidas alternativas.
Daño patrimonial
Entre los años 2019 y 2020 el exadministrador departamental, el cartista Hugo Javier González Alegre, transfirió más de G. 50.000 millones a varias oenegés para llevar acabo, supuestamente, diferentes proyectos que beneficiarían a la población de Central.
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En esta primera etapa de la investigación, del monto desembolsado, la Fiscalía halló inconsistencia en la transferencia de G. 24.400 millones, de los cuales, se tiene la certeza de un daño patrimonial existente de G. 18.384 millones.
No se descarta que el perjuicio sea mayor, advirtió el fiscal Ledesma y aseguró que la investigación sigue su curso dentro de los plazos establecidos.
Crearon estructura para delinquir
La Fiscalía sostiene que la “estructura delictiva estaría conformada por Hugo Javier González Alegre” y por las personas que ocupaban altos cargo durante su administración, como Carlos Alberto Giménez Insfrán y el exdirector general de Administración y Finanzas hasta el mes de junio de 2019; cuyo sucesor fue Javier Marcelo Rojas Giménez.
También aparecen en el esquema Luis Allende Araujo, exjefe de Tesorería; Edgar José Zaracho Quintana, exdirector de Asesoría Jurídica; José Manuel López Duarte, exjefe del Departamento de Rendición de Cuentas; Natalia Soledad Valenzuela Gómez, exsecretaria de Equidad, Género y Desarrollo Humano.
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Armando Adolfo Soler Espínola, exsecretario de Obras Públicas; Fernando José Brítez Sánchez, exsecretario de Desarrollo Sostenible; y Víctor José Emilio Basualdo Ramírez, exsecretario de Desarrollo Económico.
Según el acta de imputación todos “han tenido una participación activa posibilitando puedan ser efectuados los desembolsos, pese a las irregularidades, a través de los cuales, se habría ocasionado un perjuicio patrimonial a la Gobernación”. Todos fueron imputados.
Simularon el cumplimiento de los procedimientos
El agente Ledesma confirmó que todos los mencionados “se encontraban cumpliendo funciones en la Gobernación del Departamento Central, y en los procesos de control”.
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Agregó además que los mismos “han simulado el cumplimiento de los procedimientos y requisitos previos establecidos en la Leyes 6258/201911 y 6469/202012, vigentes para los ejercicios fiscales 2019 y 2020 respectivamente. De esa forma justificaron documentalmente los desembolsos que fueron efectuados”.
Complicidad de oenegés
En la nueva causa penal donde una vez más es protagonista la sede departamental, también fueron imputados miembros de varias oenegés que recibieron las millonarias transferencias autorizadas por Hugo Javier González, el exlocutor y animador de fiestas.
“También formarían parte de esta estructura delictiva: Esteban Álvarez Quevedo y Juan Vicente Caballero Villalba, presidente y tesorero respectivamente de la Asociación Plantemos Conciencia”.
Tadeo Andrés Álvarez Cristaldo y Paulino de los Santos Palacios Recalde, presidente y tesorero respectivamente de la Fundación Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP).
Cirilo Daniel Darmanas Flores, presidente del Consejo Regional de Salud del Departamento Central (hasta el mes de junio 2020); su sucesor Hugo Javier Cabrera Guerrero, presidente del Consejo Regional de Salud del Departamento Central (desde el mes de junio del 2020 hasta junio 2022); Aníbal Andrés Delvalle Cogliolo y Mónica Liliana Benítez Cáceres, tesorero y contadora respectivamente del Consejo Regional de Salud del Departamento Central.
Antonio Ramón Fariña Villalba e Israel Espínola Ferreira, presidente y tesorero respectivamente del Centro Nacional de Organizaciones Populares.
Blas Vicente Oddone Céspedes y Gloria María Barrios Martínez, presidente y tesorera respectivamente de la Asociación Eco Desarrollo para la Promoción del Desarrollo Sostenible con Energías Renovables.
Todas estas organizaciones “habrían presentado los proyectos solicitando los aportes económicos a la Gobernación con el propósito de dar justificación a los desembolsos efectuados, y en forma posterior, para culminar con el circuito del fraude”.
Dinero no fue utilizado en proyectos
Estas personas efectivizaron los cheques retirando sumas considerables de dinero en efectivo, las cuales no habrían sido utilizadas para financiar los proyectos propuestos, presentando facturas presumiblemente falsas como respaldo documental de las rendiciones de cuenta, y/o facturas obtenidas por bienes y/o servicios aparentemente no prestados, dijo el fiscal.
“En dichas facturas se habrían consignado operaciones inexistentes, con la finalidad de ocultar el destino real de dichos recursos”, aseguró Ledesma.
Los elementos colectados hasta la fecha, sugieren además, que los funcionarios de la Gobernación encargados de realizar el análisis de razonabilidad y sustentabilidad de los gastos, conforme al acuerdo previo y para posibilitar el funcionamiento del esquema delictivo, habrían realizado los siguientes actos:
Primero, convalidaron facturas en cuyos conceptos no se detallan correspondientemente los bienes y/o servicios prestados, cantidades y precios unitarios.
Segundo, han convalidado y aceptado como documentación de respaldo en las rendiciones de cuentas, facturas con montos superiores a G. 4.999.999, omitiendo exigir a las entidades beneficiadas, documentaciones que acrediten la realización de un proceso competitivo de adquisición con tres notas de presupuestos.
Tercero, no han exigido a los representantes de las entidades, la presentación de las rendiciones de cuentas con las documentaciones respaldatorias, visadas previamente por parte de la Contraloría General de la República.
Cuarto, tampoco la presentación del Formulario B-01-04 “Informe Cuantitativo y Cualitativo de Gestión de Recursos”, consecuentemente, no habrían realizado el control de gestión de los recursos transferidos.
Quinto, no verificaron si los fondos fueron utilizados para gastos, administrativos y/o misionales, previstos dentro de los fines u objetos de los proyectos presentados.
Sexto, omitieron analizar la razonabilidad y sustentabilidad de los gastos efectuados.
Séptimo, no han suspendido los desembolsos a favor de las entidades beneficiadas, pese al incumplimiento de la presentación de rendiciones de cuentas por desembolsos anteriores, con la correspondiente visación por parte de la Contraloría General de la República.
Octavo, a pesar de la falta de la presentación de las rendiciones de cuentas, no han exigido a las entidades, la devolución de los recursos.
Noveno, realizaron los desembolsos a través de cheques, a pesar de que debieron ser realizados a través de depósitos en las cuentas bancarias de las entidades.
Participación reiterativa
El fiscal Ledesma explicó que “los sindicados han participado en la comisión de los hechos descriptos, en reiteradas ocasiones, es decir, una participación activa en cada uno de los 51 procesos de desembolsos que fueron efectuados entre los meses de marzo de 2019 al mes de diciembre de 2020, que habría ocasionado un perjuicio patrimonial en detrimento de los bienes de la gobernación, conforme será detallado”.