Juan Báez, un modesto habitante de la compañía Mbatovi, y su familia se quedaron sin casa luego de que esta mañana acudieron oficiales de Justicia a hacer cumplir un interdicto a favor de Marta González y derribaron su vivienda, levantada en un terreno situado al costado de la ruta que une Paraguarí con Piribebuy, en el departamento de Paraguarí.
El mandamiento de restitución de la posesión del inmueble (desahucio), que lleva la firma digital de la jueza Sady Carolina Barreto Torres, tiene como benefactora a la exviceministra cartista de Tributación Marta González, con quien la familia Báez venía litigando por dicha finca desde hacía más de una década.
Lea más: “Me iban a sacar mi casa”, afirma vecino de Marta González
De acuerdo al documento al que accedió ABC, “no verificándose de forma voluntaria el cumplimiento” de una sentencia que intimaba a abandonar el terreno por parte de la humilde familia a favor de González, los oficiales de Justicia podían usar la fuerza pública para derribar la edificación levantada en la “finca N° 5.248 de Paraguarí”. Ello finalmente ocurrió este jueves.
“Se fueron policías y militares y tumbaron mi casita. Echaron completamente. No hice nada. Estoy con mi hija. Desastre hicieron”, lamentó don Báez esta mañana en ABC Cardinal.
“No se lo que voy a hacer, este terreno nadie le vendió a ellos. Vivimos acá hace 37 años, es más, mi esposa nació y se crió en este lugar”, manifiesta impotente.
La vivienda demolida estaba siendo habitada por su hija y ni siquiera el ropero ni otras pertenencias quedaron en condiciones de seguir usándose. “Nos perjudicaron demasiado grande”, se lamenta.
Publicaciones sobre Marta González derivaron en querellas contra la prensa
El humilde poblador había acudido al diario ABC Color en 2021 para denunciar que estaba a punto de perder su casa en una disputa iniciada por la exfuncionaria y su esposo, Jacinto Santa María.
Este diario se hizo eco de la denuncia de don Báez, lo cual derivó en dos querellas presentadas por la ex viceministra cartista y su esposo contra el periodista de ABC Juan Carlos Lezcano y la directora, Natalia Zuccolillo. Estos procesos fueron unificados en uno y atendidos por el juez Juan Carlos Zárate, quien absolvió a ambos acusados.
“No se dan los elementos típicos previstos en la ley para los hechos de calumnia y difamación, no hay hecho falso, no hay hecho contra la verdad, por lo tanto no están probados los hechos punibles que se han acusado en estas circunstancias contra el periodista”, fustigó el juez.
Además de fallar a favor de la libertad de prensa, el juez Zárate calificó el interdicto de arbitrario y solicitó que se audite. Antes de ser atendida dicha petición, el Juzgado de garantía hizo cumplir el mandamiento emitido ya en noviembre del 2019.
Excedente fiscal, colindante con terreno de Marta González
Durante el juicio contra ABC, Báez recordó que su suegro, Vicente Montiel, era el dueño original de una gran propiedad en la zona de Mbatovi hasta que empezó a vender las tierras.
Parte de las fincas fueron vendidas a la firma Ruta 63 SA, que posteriormente la volvió a vender a González Ayala y Santa María.
Lea más: “Marta González nos amedrentaba”, sostuvo vecino de exviceministra
Aunque Montiel vendió las que eran sus tierras, su familia encontró un remanente fiscal ubicado cerca de la propiedad original. Fue allí donde se instaló junto a su familia y edificó la vivienda que hoy fue derrumbada.
“Pretensión era ilegal”, afirmó juez
Durante el juicio planteado por la ex viceministra cartista contra la directora y un periodista de ABC Color, el juez Juan Carlos Zárate criticó la vía utilizada por Marta González y su esposo, Jacinto Santa María, para intentar recuperar la posesión de inmueble que no les pertenecía y en el que habita la familia Báez Montiel.
Los querellantes presentaron un interdicto de obra nueva como supuesto respaldo para demostrar que eran propietarios de un excedente fiscal.
“El juzgador incluyó el término ‘y la restitución de la posesión’, cuando esta no era una acción reivindicatoria”, puntualizó Zárate.
“Se observa una violación del derecho para perjudicar a una de las partes, porque lo que se pretendía era un desalojo simulado, circunstancia que no se permite por la acción interpuesta”, agregó.
“Los querellantes tenían conocimiento del excedente y también de la ocupación que se estaba realizando de forma pacífica”, agregó.
La postura del Indert
Por su parte, Gail González, presidenta del Indert, explica que probablemente exista la mensura y se haya hecho la mensura, por lo que solicitará el informe y pedirá a los técnicos la verificación.
“Me estoy interiorizando del caso, hay un informe del director de Paraguarí de que él se constituyó para comparar si existe una mensura. Según el informe, no se hizo debido a que no pudo ingresar porque no le permitieron, invocando la propiedad privada, pero no sabemos hasta dónde es propiedad privada y es eso lo que tenemos que determinar”.
Agregó que a más tardar el lunes irían los técnicos y de ser positivo el informe para Juan Baéz, el terreno será titulado a su nombre.