La defensa del decano de la Facultad de Ciencias Económicas (FCE) de la Universidad Nacional de Caaguazú (UNC), Miguel Ángel Armando Vera, solicitó la revisión de la prisión preventiva que soporta desde el 27 de julio pasado, tras ser procesado por tráfico de armas y otros delitos. Vera cumple la medida en la penitenciaría regional de Emboscada.
En una audiencia realizada ante el juzgado penal de garantías especializado en Crimen Organizado, el abogado defensor Miguel Tadeo Fernández, sostuvo que el juzgado debía considerar la presunción de inocencia y la acordada de la Corte Suprema de Justicia que insta a los jueces a dictar la prisión en forma excepcional y temporal y que en las condiciones actuales, la medida restrictiva de libertad se ha convertido en una “pena anticipada”.
“En este contexto tenemos de que el señor Miguel Vera, está imputado por varios tipos penales pero considerando las condiciones de aplicabilidad de lo que establece la Constitución Nacional, el Código Procesal Penal en relación al instituto de la obstrucción y del peligro de fuga que pueda sostenerse con otras medidas que el Juzgado considere oportuno aplicar, ya que hasta la fecha la aplicación de la restricción de la libertad del mismo ya constituye un perjuicio irreparable puesto que el mismo tiene arraigo dentro de la República, ya no existe peligro de obstrucción en virtud a que efectivamente el Ministerio Público no ha determinado cuales son las actuaciones posteriores hasta la fecha que van a poder ser obstruidos por parte del mismo”, alegó Fernández.
Fiscal pidió ratificar prisión del decano
El fiscal Federico Delfino, quien imputó a Vera por tráfico ilícito y acopio ilícito -delitos previstos en la Ley de Armas (Ley N° 4036/10)- además de contrabando, asociación criminal y producción mediata de documentos públicos de contenido falso previstos en el Código Penal, se opuso a la petición de la defensa.
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“Es sabido que el encausado ha estado renuente a someterse a los mandatos de la justicia por mucho tiempo, inclusive habiendo planteado distintos recursos dilatorios antes de presentarse a los mandatos de la justicia y someterse a la respectiva investigación penal, por lo que mal se puede agregar que el peligro de obstrucción se halla desvirtuado”, argumentó el fiscal de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Crimen Organizado.
Delfino destacó que el peligro de fuga también está latente en atención a la expectativa de pena por los delitos investigados y la gravedad de los hechos investigados, por lo que el hecho de tener arraigo en el país no resulta suficiente.
Tras escuchar los argumentos de las partes, la magistrada resolvió ratificar la prisión preventiva del decano Vera, tras argumentar que existe tanto el peligro de obstrucción a la investigación como el peligro de fuga.
Investigación sobre tráfico de armas recién se inicia
“La fecha de presentación de requerimiento conclusivo, fue fijada para el día 26 de enero de 2023, por lo que aún existen altas probabilidades de que el imputado destruya o modifique elementos de pruebas, o incluso que influya en los co-procesados, testigos o peritos a que informen falsamente sobre los hechos o se comporten de manera desleal, por lo que teniendo en cuenta las circunstancias especiales registradas en la presente investigación”, explicó la magistrada al referirse al peligro de obstrucción a la investigación.
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Sobre el peligro de fuga, la jueza Montanía argumentó lo siguiente: “Otro punto importante de resaltar, son las posibilidades que tiene el procesado para abandonar el país, pues para evaluar el peligro de fuga, no solo se tiene en cuenta la falta de arraigo, sino además las facilidades que tiene el incoado para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto en ella, o incluso de servirse de contactos con el exterior, influencias con el poder político o económico, para sustraerse de la acción de la justicia, por lo que estas situaciones hacen que la probabilidad de fuga, sea mayor”.
Asimismo, la magistrada descartó que prisión preventiva decretada contra Vera haya adquirido las características de una pena anticipada como lo sostuvo la defensa, pues no ha alcanzado siquiera la pena mínima prevista para los hechos punibles atribuidos al mismo, cuya investigación está prácticamente en sus inicios.
Cargamento de armas fue incautado en el Silvio Pettirossi
El 4 de marzo pasado, personal de la Dirección Nacional de Aduanas del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi había detectado un cargamento de 250 armas israelíes calibre 9 mm, de uso civil, ingresado al país por la firma Área Límite SA, de Coronel Oviedo, y cuyo responsable es Miguel Ángel Armando Vera, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNC, quien, desde esa misma fecha, tenía orden de detención.
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De la investigación realizada, el 29 de junio el fiscal Federico Delfino, imputó a Miguel Vera y Héctor Salvador Torales Fernández, representante de la firma Área Límite SA, por los hechos de tráfico de armas y acopio ilícito, tipificados en la Ley N° 4036 “De Armas”, así como por contrabando según el Código Aduanero, y asociación criminal y producción mediata de documentos no auténticos, según el Código Penal, como autores.