Querella analiza la vía para pedir resarcimiento de daños en el caso RGD

La abogada Patricia Beatriz Doria Argaña, quien actuó como querellante adhesiva de la causa de lavado de dinero, usura y denuncia falsa donde fueron condenados Ramón González Daher y su hijo Fernando González Karjallo, analiza si solicitará resarcimiento económico por la vía penal o por medio de la demanda civil de daños y perjuicios.

Patricia Beatriz Doria Argaña, abogada que ejerció la querella adhesiva contra Ramón González Daher y su hijo Fernando González Karjallo, por lavado de dinero y usura.
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La abogada Patricia Beatriz Doria Argaña, quien ejerció la querella adhesiva en representación de la víctima de usura y lavado de dinero, el empresario Arq. Julio Mendoza Yampey, al ser consultada si solicitará la reparación del daño causado por el exdirigente deportivo Ramón González Daher, indicó que sí lo hará. No obstante, la abogada indicó que sigue analizando junto con su cliente si recurrirá por la vía penal o por medio de la demanda civil de daños y perjuicios.

“Estamos trabajando en ello, pues debemos partir del daño patrimonial, más otros conceptos de daños que vamos a reclamar; por tanto, aun no tenemos fijado el quantum final del monto a ser reclamado. Una vez concluido ese trabajo, estaremos presentando nuestra demanda por reparación del daño”, indicó la abogada Doria Argaña.

A pesar de que no tiene aún definido si recurrirá por la vía penal o civil para pedir el resarcimiento, la abogada indicó que lo más práctico es solicitar la reparación del daño ante el tribunal de sentencia que resolvió el caso González Daher porque este colegiado ya tiene conocimiento de los hechos, no obstante, eso es lo que definirán con el arquitecto, según había referido.

Con relación a la suma dineraria que será demandada, Doria Argaña dijo que para fijar el monto del perjuicio se deben analizar varios aspectos. “Ese punto en especial no es mi experticia, ya que soy penalista y el tema de determinación del daño a los efectos de la reparación es un tema civil, que no es mi área. Por eso no quiero ser irresponsable y hablarle de un monto en particular”, manifestó la abogada.

Las penas solicitadas en el juicio oral

Con relación a las penas que solicitó la querella adhesiva en los alegatos finales del juicio oral y público que culminó el 10 de diciembre de 2021 con la condena a 15 años de cárcel para Ramón González Daher y 5 años de prisión para su hijo Fernando González Karjallo, la abogada Doria Argaña manifestó que requirió al tribunal de sentencia la imposición de 15 años de pena privativa de libertad para González Daher, y 7 años y medio para González Karjallo.

Aunque la pena aplicada para González Karjallo fue un poco menor a la solicitada por la querella adhesiva, la abogada indicó que aún así están sumamente satisfechos con el tribunal de sentencia que impuso al final de cuentas una pena justa, manifestó la letrada.

La querella por por usura y lavado de dinero

El 27 de enero de 2021 el juez penal de garantías especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú admitió la querella presentada por el empresario Julio Mendoza Yampey contra Ramón González Daher y su hijo Fernando González Karjallo, por usura y lavado de dinero.

La querella fue presentada por el abogado Carlos Arévalos, en representación de la empresa constructora M&T SA, que accionó contra los González Daher por usura y lavado de dinero registrada en el marco de operaciones realizadas entre los años 2016 y 2017.

La presentación da cuenta de que la firma había ganado varias licitaciones y que en el 2016 varias de sus acreencias no pudieron ser cobradas, pero como igual tenían compromisos que cubrir, recurrió a un préstamo de Ramón González Daher.

Entre julio de 2016 y setiembre de 2017, la firma recibió un préstamo total de G. 21.230.400.000, garantizados con cheques de la empresa por millonario valor.

La querella precisa que los pagos por el préstamo ascendieron a G. 23.694.500.000más de G. 2.000 millones del monto recibido–; aun así González Daher demandó a la firma en el fuero civil y comercial, en reclamo del pago de los cheques entregados en garantía por G. 19.000 millones. Además, impulsó una denuncia en lo penal contra Julio Mendoza Yampey, que fue desestimada.

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