Desde el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) que preside del Abog. Jorge Bogarín Alfonso, explicó que de las 32 causas penales abiertas por estafa y que estaban a cargo de la fiscala Sonia Pereira, 22 ya fueron analizadas.
El objetivo es determinar si por causa de acción o inacción de la representante del Ministerio Público, han favorecido al exdirigente deportivo Ramón González Daher, condenado a 15 años de prisión y con sentencia firme desde el viernes pasado por los hechos punibles de lavado de dinero, usura y denuncia falsa.
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Bogarín Alfonso señaló que el jueves 1 de setiembre pasado reiteró a la Fiscalía General del Estado para que le remita al Jurado las 10 causas penales que no había enviado para su análisis por los casos de supuestos aprietes con investigaciones judiciales para prestarse a las coacciones que promovió González Daher desde del Ministerio Público contra sus deudores quienes habían tomado sus préstamos con intereses usurarios.
Hasta ahora, 4 fiscales enjuiciados
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados había abierto de oficio la investigación a los jueces y fiscales que se habían prestado para los “aprietes”. Sin embargo, el 9 de agosto pasado el JEM analizó las actuaciones de los primeros 6 fiscales, de los cuales, resolvió enjuiciar a 4 agentes del Ministerio Público, y decidió no enjuiciar a otros dos quienes fueron “salvados” por tres legisladores miembros del Jurado.
Los que fueron enjuiciados fueron los fiscales Rodolfo Fabián Centurión, Mirtha Ortíz, Fátima Villasboa y Sergio Alegre.
Por el enjuiciamiento de los citados agentes fiscales, además del ministro de la Corte Suprema Manuel Dejesús Ramírez Candia, quien se constituyó en primer opinante por abrir el enjuiciamiento, se adhirieron de forma unánime los demás miembros Mónica Seifart de Martínez, senador Enrique Bacchetta, Jorge Bogarín Alfonso, senador Fernando Silva Facetti y los diputados Hernán David Rivas y Rodrigo Blanco Amarilla.
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La argumentación para el enjuiciamiento
Ramírez Candia, al exponer sus argumentos para enjuiciar a los fiscales, dijo que en unos 79 expedientes analizados de forma genérica, se ha encontrado que en la mayoría de ellos se dispuso el archivamiento de la investigación fiscal cuando lo que debieron haber hecho era desestimar las denuncias por estafas y apropiaciones que proponía en la Fiscalía Ramón González Daher.
Otro forma para presionar a los deudores de González Daher a través del Ministerio Público es que se constató cuando los fiscales cuestionados mantenían abiertas, por varios años, las investigaciones fiscales, a pesar de que no constituían hechos punibles.
Ramírez Candia, asimismo, dijo que en base a lo expuesto, se puede verificar que los agentes fiscales violaron normativas como la Ley Orgánica del Ministerio Público y el Código Procesal Penal que ordenan a los representantes de la sociedad a actuar en todo momento con criterio de “objetividad” en sus actuaciones, sopesando los hechos de cargo y descargo en el transcurso de sus averiguaciones; sin embargo, han utilizado las causas penales abiertas como elemento de presión para favorecer a González Daher.
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Dos fiscales salvados por legisladores
El diputado Rodrigo Blanco Amarilla argumentó en la sesión del JEM del 9 de agosto pasado, que estuvo de acuerdo con el enjuiciamiento de los fiscales Silvio Alegre, Fátima Villasboa, Rodolfo Fabián Centurión y Mirtha Ortiz. Sin embargo, hizo expresa alusión que los fiscales Francisco Torres y Sandra Ledezma no pueden ser objeto de enjuiciamiento. Explicó que ambos agentes han desestimado o archivado las causas penales que se encontraban abiertas antes de que las mismas transcendieran como denuncias de “aprietes” conocidos en diciembre de 2021 cuando se dio la sentencia condenatoria para Ramón González Daher.
Apoyaron la posición de Blanco
Los miembros del Jurado senador Fernando Silva Facetti y el diputado Hernán David Rivas, acompañaron la posición asumida por el diputado Rodrigo Blanco, y en el mismo sentido votaron por excluir del enjuiciamiento a los fiscales Francisco Torres y Sandra Ledezma, por los mismos fundamentos.
Fue así que al no contar con los 6 votos mínimos en el mismo sentido para abrir el enjuiciamiento, la investigación preliminar fue desestimada.