Ministerio de Salud: No usaron fondos para cáncer
Pagos sin respaldo de documentos, fondos que no fueron ejecutados pese a las necesidades urgentes de la población y usos que no están contemplados en la ley. Estas son tan solo algunas de las irregularidades detectadas por la Contraloría General de la República (CGR) durante una Fiscalización Especial Inmediata (FEI) sobre el uso del Fondo Nacional de Salud por parte del Ministerio de Salud Pública.
El informe revela que el Ministerio de Salud no utilizó millonarios fondos que debían ser destinados para la atención de pacientes oncológicos.
En concreto, en el ejercicio fiscal 2020, el MSPyBS contaba con un presupuesto de más de G. 73.186 millones que debían ser utilizados en la compra de productos e instrumentos químicos y medicinales en el marco del Proyecto de Atención a la Población con Enfermedades Oncológicas.
Sin embargo, la institución ejecutó apenas G. 13.446 millones de ese fondo total. Es decir, utilizó apenas el 18% del total de los caudales establecidos.
La CGR señala que la propia web del Ministerio de Salud devela la grave situación de los pacientes oncológicos de todo el país y citó una publicación en la que se leía: “Durante el año 2019 se produjeron 25.730 muertes en Paraguay, siendo la mortalidad por cáncer la segunda causa más frecuente (19,78%)”.
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“Se denotó la inacción de los responsables que manejan el presupuesto de la citada cartera del Estado, teniendo en cuenta que contaba con recursos disponibles provenientes de recursos de Fonacide, dejando así desprotegidos a los pacientes aquejados con esta enfermedad, para el acceso al tratamiento oportuno y a una atención digna e integral”, refiere la conclusión al respecto de ese punto.
También se detectaron proyectos de obras y compras de equipos para el Hospital del Trauma que no se realizaron.
Defensoría “en rojo” total
La Contraloría detectó que la Defensoría del Pueblo, encabezada por el colorado Miguel Godoy, sufrió millonarias pérdidas entre 2020 y 2021.
Esto fue revelado en el marco de una auditoría sobre la razonabilidad de los estados contables de la institución.
El informe de la CGR señala que el Balance General Consolidado de la Defensoría reveló que en el ejercicio fiscal 2020, la institución tenía activos corrientes por más de G. 2.688 millones.
Sin embargo, en 2021, el activo corriente se redujo a G. 1.754 millones.
Al realizarse la comparación, se detectó una reducción de G. 496 millones en la cuenta denominada “Otros Activos Corrientes”. También se detectó una disminución de G. 409 millones en la cuenta denominada “Activo Permanente”. En total, la reducción solo en activos es de unos G. 900 millones.
Agravada situación
Pero la variación en negativo no se dio solo en los activos, sino en el patrimonio neto de la institución, de acuerdo al informe pericial.
Es que para 2020, la institución declaró un patrimonio neto negativo (más pasivos que activos) de -G 808 millones.
Las pérdidas empeoraron para 2021, siempre de acuerdo al informe de la CGR. Y para ese año, el patrimonio negativo pasó a ser de -G. 3.725 millones.
La institución declaró egresos por más de G. 14.652 millones, mientras que sus ingresos eran de G. 13.521 millones.
El informe revela que solo en gastos operacionales, la Defensoría egresa unos G. 13.785 millones, representando el 94% de sus egresos totales.
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Haciendo las comparaciones, la institución no puede cubrir siquiera sus gastos operacionales con los ingresos propios que genera.
Días atrás, diputados solicitaron un juicio político al defensor Miguel Godoy.
Pagos por obra ya realizada
La Contraloría General de la República (CGR), a través de una Fiscalización Especial Inmediata (FEI), confirmó que la Gobernación del Departamento Central (GDC), durante la gestión del imputado Hugo Javier González (ANR, cartista), no realizó un control y seguimiento a las obras contratadas y pagadas, en el marco de la ley N° 6641/20 “Fondos de emergencia”. Asimismo, hubo varios hallazgos sobre las transferencias al Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), ONG presidida por el también imputado Tadeo Álvarez.
“La Gobernación del Departamento Central permitió que CIAP firme contrato y pague por la obra de construcción de asfalto de acceso al Consejo Regional de Salud y Parque Sanitario del Departamento Central, ramal de Capiatá-Areguá, un total de G. 390.860.000, la cual ya estaba concluida antes de la firma de la Ley N° 6641/20 y del contrato en cuestión”, dice el resultado del análisis del ente de control.
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Con relación a la construcción de empedrado de la calle Padre Pío de la compañía Itapuamí de la ciudad de Luque, la GDC permitió que la CIAP suscriba el acta de recepción definitiva, sin que la obra esté terminada. Este documento debía ser emitido una vez que las obras hayan sido ejecutadas conforme al proyecto y se hallen en perfecto estado, agrega.
Igualmente, por incumplimiento de la cláusula quinta la GDC, no exigió a CIAP, y ésta a las contratistas, la elaboración y presentación de documentación técnica detallada y completa, generando 24 pagos por obras sin proyecto ejecutivo por un monto de G. 517.001.154, suma que podría haberse invertido en otras obras de uso público, según el documento de la CGR.
Hugo Javier González, precisamente, enfrenta un proceso por el presunto mal uso de los fondos de emergencia. Fue destituido del cargo el 12 de mayo último.
Compras sin transparencia
La Contraloría General de la República (CGR) a través de un dictamen técnico confirmó graves irregularidades en las compras realizadas en el año 2020 por el intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR, cartista). Desde adquisición de productos cuyas marcas ni calidad son conocidas; incumplimientos de requisitos indispensables de la ley de Contrataciones Públicas, hasta no evaluar la legalidad ni procedencia, en especial de los “detergentes de oro”, son algunas de las anomalías.
El equipo auditor, sin embargo, también encontró otras falencias, como ser, la adquisición de artículos de empresas de ramos completamente diferentes a aquellos, de acuerdo al cotejo de datos con la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET).
Un caso específico sobre la adjudicación a una compañía de un rubro totalmente distinto es de DFR SA, representada por David Fernández Rachid. La firma, que el equipo auditor no pudo localizar en la verificación in situ en las tres direcciones declaradas, figura como el proveedor en el año 2020 de los detergentes bactericidas de origen francés de marca ALKA DDS y las toallitas desinfectantes SEPTALKAN.
Sin embargo, de acuerdo al informe de la CGR la citada compañía en ese periodo de tiempo y desde el 10 de enero de 2017 estaba habilitada ante la SET para “actividades inmobiliarias, limpieza general de edificios, otras actividades de limpieza de edificios e industrial”.
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DFR SA recién desde el 1 de enero de 2021 cambió ante Tributación su actividad comercial principal por “comercio al por mayor de productos químicos industriales” y como rubro secundario “comercio al por mayor de otros productos N.C.P.”.
El dictamen de la CGR refiere que otra de las proveedoras del “detergente de oro” al intendente de Asunción es multirubro. Se trata de Bastian Comercial, cuya propietaria es María Victoria Cano Torres.
Entregó millones a Vicariato
La Contraloría General de la República (CGR) confirmó, a través de una Fiscalización Especial Inmediata (FEI), millonarias irregularidades detectadas en la Gobernación de Alto Paraguay, a cargo de José Domingo “Mino” Adorno (ANR, abdista). La institución destinó G. 2.200 millones del fondo de emergencia sanitaria a obras en iglesias y entregó el dinero para obras a una organización que no se dedica al rubro.
Uno de los primeros puntos cuestionados por la CGR es la carencia de documentos respaldatorios a las transferencias realizadas a entidades educativas e instituciones privadas sin fines de lucro.
Otro punto cuestionado por la CGR es que la administración de Adorno decidió destinar G. 2.265 millones al Vicariato Apostólico del Chaco para fines que no están sustentados en el acta de constitución legal del mismo.
En resumen, los G. 2.265 millones fueron transferidos a la agrupación religiosa para realización de obras, pero esta finalidad no está registrada dentro de sus objetivos.
Las facturas presentadas por el Vicariato, encabezado por monseñor Gabriel Escobar, demuestran inconsistencias y que la realización de obras de infraestructura no forman parte de sus objetivos. El informe agrega además una larga lista de otras irregularidades detectadas por la CGR.
El Indert despilfarró en ONG
El informe de la Contraloría General de la República (CGR) señala irregularidades en la administración del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), principalmente en lo referente a transferencias monetarias realizadas a Organizaciones No Gubernamentales (ONG).
El periodo de las auditorías realizadas por la CGR abarca desde enero a septiembre de 2021, que corresponde a la gestión de Gail González Yaluff, actual presidenta de la entidad.
Según la CGR, el INDERT desembolsó G. 8.796 millones a Organizaciones No Gubernamentales (ONG) mediante la emisión de cheques y no por transferencias bancarias, violando lo establecido en los convenios y en las normativas vigentes respecto al sistema de pago de aportes.
El informe menciona que las ONG FECOE, GACOM y Asociación Reseda Poty, recibieron aportes del INDERT sin que tengan actualizadas sus certificados de cuentas bancarias, uno de los requerimientos más necesarios para poder recibir el importe.
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Además, los resultados de la Auditoria señalan que la deuda flotante del ejercicio fiscal del 2020, por un monto de G. 675 millones, no fue cancelada, por lo que la cuenta a “Aportes y subsidios a entidades sin fines de lucro” del balance 2021 no reflejó el saldo real.