Virgilio Montiel y Juan Báez, dos modestos pobladores de la compañía Mbatovi, ubicada sobre la ruta que une Paraguarí con Piribebuy, relataron ayer los detalles del conflicto que tienen desde hace más de una década con la exviceministra cartista de Tributación, Marta González Ayala, y Jacinto Santa María, esposo y abogado de la misma.
Montiel y Báez declararon ante el juez Juan Carlos Zárate como testigos en el segundo juicio planteado por la exfuncionaria contra Natalia Zuccolillo y Juan Carlos Lezcano, directora y periodista de ABC Color.
“Quedé sin trabajo y casa”
El primero en declarar fue Virgilio Montiel. Virgilio relató que el dueño original de unas 100 hectáreas en la zona de Mbatovi era su padre, el ya fallecido Vicente Montiel. Él fue quien procedió a la venta de las tierras, que tras varios procesos quedó a manos de González Ayala y Santa María.
Virgilio relató que tras la venta, su padre decidió instalar a la familia en un excedente fiscal ubicado al lado de la propiedad que fue vendida a la exviceministra. “Yo viví ahí toda mi vida. Tengo 49 años”, afirmó.
“Nosotros construimos nuestra casa en un excedente fiscal, no en la propiedad que es de Marta González”, continuó con su relato.
Virgilio relató que fue denunciado en dos oportunidades por la exviceministra de Tributación debido a la disputa por la valiosa propiedad de 16 hectáreas.
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Recordó, además, que su esposa llegó a presentar una solicitud ante el Instituto de Desarrollo Rural de la Tierra (Indert) para obtener el título de excedente fiscal. “Pero retiramos porque nos perseguían”, acotó.
Montiel manifestó que ante las reiteradas denuncias, su esposa quedó muy afectada y le pidió abandonar la propiedad en la que había crecido.
“Yo puse un pequeño mirador para trabajar en turismo y también construí una casa con mi señora, pero nos echaron todo”, relató.
“Me quedé sin casa y sin trabajo. Marta González nos amedrentaba”, afirmó
“Me fui porque ¿qué iba a hacer? Nos enfrentábamos a una viceministra de Hacienda, millonarios, con poder político. No podíamos hacer nada”, agregó.
“Tienen que arreglar”
Montiel recordó además que el matrimonio les dijo en varias oportunidades que la mejor opción era llegar a un acuerdo para que salieran del lugar.
“Me dijeron que no podíamos hacer nada porque no teníamos para pagar al Indert y ellos sí”, agregó.
Interés público, sostiene
Jacinto Santa María, querellante y abogado, adujo ayer que las publicaciones que generaron el nuevo proceso no versaron sobre cuestiones de interés público.
Además, afirmó que se cometió difamación al no otorgarle su derecho a réplica a las publicaciones. Sin embargo, el abogado nunca remitió carta alguna para solicitar por escrito la utilización de este derecho, tal como está establecido en la ley 1266.
Por su parte, Rodrigo Yódice, abogado de la directora Natalia Zuccolillo, refirió que sí existía un interés público. “Es un modesto poblador que recurrió a un medio de prensa, que se enfrentaba a una persona poderosa, con más recursos y exfuncionaria pública. Hay un pedido que está pendiente en el Indert, claro que hay interés público”, refirió.
Enrique Kronawetter, abogado de Juan Carlos Lezcano, señaló a su vez que la intención de la querella no era otra sino que la de generar una autocensura por parte de nuestro compañero.
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“Ahora resulta que al recibir la información el periodista tiene que autocensurarse y no cumplir con su deber de publicar”, enfatizó.
Tanto Yódice como Kronawetter señalaron además que mal podría existir conducta que podría ser caratulada cuando fueron los propios ocupantes del inmueble quienes solicitaron que su denuncia sea publicada. “Ahora el periodista se tiene que hacer cargo de lo que dice un entrevistado”, sentenció Kronawetter.
El juicio seguirá el lunes a las 09:00 mientras que el primer proceso impulsado por las mismas personas seguirá hoy desde las 08.00.
SIP expresa preocupación
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) difundió un artículo en el que expresa su “preocupación ante el acoso judicial” contra la libertad de expresión en Paraguay ante el caso de nuestros compañeros. El organismo regional recordó que “las demandas penales y civiles suelen usarse para amedrentar a medios y periodistas, y fomentar la autocensura” y advirtió sobre el “efecto paralizante, intimidatorio, que acompaña estos litigios”.