Hoy se inicia el segundo juicio planteado por la ex viceministra cartista Marta González Ayala y su esposo Jacinto Santa María contra la directora de ABC Color, Natalia Zuccolillo, y el periodista Juan Carlos Lezcano. El abogado defensor indicó esta mañana que es evidente que los querellantes están usando el sistema judicial para atacar y acosar al medio de prensa.
“Además de tener el monopolio del sistema de administración de la Justicia, se está tratando de socavar aspectos fundamentales que hacen a la libertad de expresión y de prensa”, expresó el abogado esta mañana.
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Asimismo, explicó que este segundo juicio guarda relación con artículos que datan de marzo del 2021, en los cuales se publicaron entrevistas a personas que mantienen una disputa por la posesión de un terreno en Paraguarí.
“Acá se pretende aducir que se trata de una cuestión privada. Acá se trata de una familia humilde que está en una disputa desigual con personas de alto poder económico”, detalló el abogado.
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Ataque alevoso
“La intención real, objetiva y que se evidencia en todas esas acciones privadas es intentar acallar a un medio de prensa específico”, enfatizó en otro momento. El profesional del derecho incluso consideró que otros medios que tienen líneas similares no están siendo atacados judicialmente como ABC.
“Al medio se lo está atacando de manera inmisericorde y alevosa, con absoluta funcionalidad de un sistema de justicia que pretendería ser un mensaje. Esperemos que no se dé ningún tipo de retroceso en cuanto a estas garantías”, sentenció.
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Disputa de tierras
Las publicaciones que se encuentran siendo discutidas por los querellantes están relacionadas a la denuncia de Juan Báez, un humilde poblador de la zona de Mbatovi, en el departamento de Paraguarí. El mismo afirmó que vive desde hace 25 años en el lugar y denunció que Marta González Ayala y su esposo, el abogado Jacinto Santa María, han intentado en reiteradas oportunidades echarlos.
Relató que es cierto que vendió cerca de 100 hectáreas primeramente a la firma Ruta 63 SA, que posteriormente las volvió a vender a González Ayala y Santa María. Sin embargo, la familia encontró un remanente fiscal en el que se instalaron porque entendía que no formaba parte de la propiedad vendida.
En ese entonces se incluyó una cláusula de usufructo perpetuo, pidiendo que lo dejaran vivir en sus tierras. Cuando González Ayala adquirió las tierras, trató de dejar sin efecto el acuerdo. Así lo relatan los hijos del ya fallecido don Vicente Montiel, quien fue el que realizó todos los trámites.
Tras la muerte de don Vicente, González Ayala denunció a uno de sus hijos, Virgilio Montiel Galeano, por invasión y este, a su vez, presentó una acción por denuncia falsa.