Los ex concejales municipales del periodo 2015-2021, Juan Domingo Fleitas y Guillermo Lovera (ANR), habían presentado formal denuncia en el 2020 contra la intendenta de ese entonces, Alba Acevedo (ANR) por el supuesto hecho de “lesión de confianza”, por retirar los 7 refugios de pasajeros que fueron instalados al costado de la ruta PY01 durante el 2015, en la administración de la exintendenta de ese periodo, María Gloria Caballero. Dicha obra había demandado una inversión de G. 25 millones.
La exintendenta Acevedo había mandado retirar los refugios supuestamente para ubicarlos en otras zonas. El desmontaje lo habría hecho la misma empresa que se había adjudicado con la instalación de dichas casetas “Mejor Promo SA”, representada por Darwin Shussmuller.
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En el 2018, la intendenta Acevedo, tras los reiterados reclamos de los concejales para que se vuelvan a ubicar los refugios en el mismo lugar, había acordado con el responsable de la empresa Shussmuller.
Asimismo, la Municipalidad representada por Acevedo declaró en ese entonces que aceptaba los términos de acuerdo en la causa penal incipiente caratulada “Ministerio Público sobre Investigación de Presuntos Hechos Punibles”, a cargo de la fiscala Paredes.
Atendiendo a que este acuerdo de reubicar los refugios no se cumplió, la fiscala Paredes imputó a la exintendenta y solicitó contra ella medidas alternativas a la prisión preventiva. La jueza Ramona Melgarejo fijó audiencia de imposición de medidas a la ex jefa comunal de este distrito para el día 6 de setiembre a las 9:00.
La fiscala Paredes explicó que hay causas en que la exintendenta, a través de sus diferentes defensas, le había recusado y de esas causas los denunciantes deben hacer un seguimiento sobre en qué etapa se encuentran en otras fiscalías de la zona.
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Otras denuncias por presunto hechos de daño patrimonial
El ex concejal municipal Guillermo Lovera (ANR) manifestó que el hecho es muy insignificante en relación a otras denuncias más graves que obran en la fiscalía local. Existen más de 16 causas de supuestos hechos de corrupción presentados contra la ex ejecutiva comunal.
El concejal Lovera recordó que entre las denuncias realizadas ante el Ministerio Público se encuentran el sonado caso “vaca’i de oro”, que le obligó a la intendenta Acevedo a anular la adjudicación de G. 163 millones a la empresa BH Service, cuyo representante legal es Andrés Isabelino Fulgencio Arrúa Rodríguez. Con relación a este hecho, la Fiscalía de Delitos Económicos había allanado la Municipalidad, pero hasta ahora no se tiene ningún resultado.
Recordó que algunos de los hechos hacen referencia a presunta lesión de confianza, procesamiento ilícito de desechos, investigación del rechazo de la ejecución presupuestaria del 2017, en la que se cuestiona adjudicaciones directas por más de G. 1.600 millones. Además, existe un dictamen de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) que atacó de irregular la adjudicación directa por más de G. 500 millones.
Se le autorizó igualmente la compra de un minibús con asientos para 31 pasajeros, pero adquirió uno que tiene para 17 pasajeros por G. 448 millones, una malversación indignante que está cometiendo dentro de la administración.