Según consta un informe de la Contraloría General de la República, varias instituciones públicas presentan irregularidades en su ejecución presupuestaria y con ello, también en sus resultados.
Considerando un análisis de cada balance presentado en el 2021, hay tres dependencias públicas que tienen dictámenes “no razonables”.
Como si faltaría agregar más cuestionamientos a la Defensoría del Pueblo -actualmente a cargo de Miguel Godoy-, esta es una de las instituciones que presenta un dictamen “no razonable” atendiendo vulneraciones en pagos, falta de documentaciones y detalles de trabajos realizados.
Irregularidades en el MEC y el MITIC
Por otra parte, el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) también cuenta con un dictamen no razonable ante sobrevaluaciones, obras culminadas que siguen figurando en ejecución, diferencias en la cuenta de activo fijo y falta de incorporación de un valor al mismo, además, el uso de bienes afectados que siguen figurando en su inventario.
Asimismo, el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación de Paraguay (MITIC) presenta un dictamen no razonable ante valores expuestos de manera incorrecta en el balance general, cuentas a cobrar no expuestas, bienes que no fueron incorporados o registrados en su inventario.
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Instituto de Previsión Social (IPS)
En informes de la Contraloría sobre el Instituto de Previsión Social (IPS) se constataron discrepancias en legajos que respaldan los pagos realizados a la firma Solumedic S.A por la previsión de equipos biomédicos.
La previsional tampoco presentó una rendición de cuentas referentes a orden de análisis médicos referentes a casos de coronavirus e incluso se expuso incurrir a una posible mora ante una excesiva demora en los procedimientos de pago en servicios tercerizados de análisis de COVID-19.
Además se detalla que el IPS no mostró documentaciones en algunas contrataciones, no remitió presupuestos o garantías e incluso hubo modificaciones a un contrato que presentó una redacción diferente al modelo del Pliego de Bases y Condiciones.
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Gobernación de Central
Según data el informe, la Gobernación de Central -que estuvo a cargo de Hugo Javier González-, permitió que la fundación “Centro Integral de Apoyo Profesional” firme un contrato y también pague por una obra por un monto de G. 390.860.000 que ya estaba concluida antes de la firma y el contrato.
Por otra parte, la Gobernación también permitió a la Fundación CIAP que suscriba el acta de recepción definitiva de una construcción de empedrado en Luque, sin que la obra esté terminada y sin exigir a la fundación la elaboración y presentación de documentación técnica detallada y completa, generando pagos por obras sin proyecto ejecutivo.
Además, se cita falta de controles a las obras ejecutadas ya que la institución no estableció ningún mecanismo de control, permitiendo así que las obras ejecutadas por la fundación CIAP no contaran con fiscalización .
Tampoco se exigió la utilización del libro de obras.
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Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
El Ministerio de Salud no realizó ni coordinó con Hacienda la programación de los gastos a ser financiados con el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) para el Fondo Nacional para la salud y no ejecutó los recursos provenientes del Fonacide durante el ejercicio fiscal 2020.
Continuando, tampoco emitió resoluciones de identificación de los programas y proyectos financiados con el Fondo Nacional para la Salud del ejercicio fiscal 2020 y 2021, incumpliendo con lo dispuesto en un decreto y evidenciando que varios objetivos de este fondo no fueron presupuestados.
Además, desconocieron los montos liquidados y transferidos mensualmente al Ministerio de Hacienda y los porcentajes de reasignaciones dispuestos en el Presupuesto General de la República para los ejercicios fiscales de esos años citados.
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Ministerio del Interior
El Ministerio del Interior presenta un dictamen “con salvedad” atendiendo un anticipo pagado a un contratista de obras que datan desde el año 2010 y otro anticipo pagado a otros proveedores de bienes y servicios de que datan desde el año 2011, ambos siguen figurando en el balance sin que a la fecha ya se haya regularizado.
También hay otro anticipo que no fue regularizado y los bienes ya fueron recibidos, mientras que algunas obras ya culminadas siguen figurando en el balance general como obras en ejecución, datando esto del 2010.
Hay diferencias entre el importe consignado balance general y los consignados en los formularios de revalúo y depreciación de los bienes de uso de la Policía Nacional.
Acompaña una registro incorrecto de la cuenta gastos de bienes de consumo e insumos de la tesorería en el Estado de resultado por la adquisición de bienes.
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Ministerio de Industria y Comercio
Otro dictamen con salvedad considerando que un total de dinero no fue regularizado y afecta a la cuenta existencia de bienes de consumo que data del año 2014.
Se vio otro total de bienes de uso que aún se encuentran en el depósito ya fueron registrados en la cuenta del Activo Fijo, debiendo ser registrados en la cuenta “Existencia de Bienes de uso”.
Hubo adquisiciones realizadas que datan desde el año 2008 y no fueron regularizadas en el balance general, mientras que también se observó uso de bienes que estaban en desuso y depósito, constatando también una diferencia negativa en la cuenta “Multas y otros Derechos no tributarios”.
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ESSAP
En la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay se observó la falta de compactación adecuada de las piedras para empedrados al encontrarse algunas por encima de la superficie asfaltada, afectando esto al tránsito ya que se generan unas “lomadas” o protuberancias que pueden generar daños a los vehículos motorizados y ocasionar inconvenientes a la seguridad vial.
Estos son algunos puntos también observados por la Contraloría:
- Reposición de pavimento tipo asfalto sin barrido o limpieza necesaria
- Reposición de veredas con baldosas distintas a las originales
- Pérdidas de agua en lugares donde ya hubo cambios de cañerías y operarios sin elementos de seguridad/uniformes
- Diferencias entre montos pagado y el valor de lo ejecutado
- El control interno de la institución relativo a las obras fue deficiente
- Priorización de otras actividades que no estaban establecidas en el plan de la institución
- No hubo una evaluación de la gestión de desempeño de funcionarios
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