A las 07:30 de hoy proseguirá el primero de los juicios planteados por González contra la directora y un periodista de ABC Color, Natalia Zuccolillo y Juan Carlos Lezcano.
El proceso continuará hoy con una nueva jornada de lectura de documentales, de acuerdo a lo dispuesto por el juez Wilfrido Peralta, presidente del Tribunal Unipersonal ante el cual se desarrolla el caso.
Confirman tercerización
Uno de los motivos que impulsó la querella de la exfuncionaria contra nuestros compañeros es que en 2019, ABC Color había publicado que la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) había entregado un contrato de US$ 3 millones al Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT) para la actualización del Sistema de Gestión Tributaria “Marangatu” por supuestamente ser la única empresa capaz de realizar los trabajos pero que el contrato había sido tercerizado.
La defensa de Marta González Ayala sostiene que no hubo tercerización alguna. Sin embargo, durante las sesiones de la semana pasada, fueron ellos mismos quienes confirmaron la existencia de un contrato firmado entre el CIAT y la empresa panameña Ideati SA.
Nuestro diario había publicado que esta firma había sido la subcontratada para realizar los trabajos.
La semana pasada, el vínculo laboral quedó confirmado por el propio Jacinto Santa María, esposo y abogado de González Ayala.
Se presentaron pruebas de contratos con CIAT e Ideati SA.
Entre las pruebas que los propios querellantes expusieron la semana pasada estaba el contrato celebrado el 18 de mayo de 2016 entre el CIAT e Ideati SA.
El contrato tenía como objeto la realización de los trabajos de informática en el proceso de actualización del sistema de gestión tributaria, según lo que leyó el propio Santa María.
Un punto llamativo es que el contrato entre CIAT e Ideati fue firmado ya en mayo de 2016, pero el primero firmó el contrato con la SET recién en junio de 2016.
En el documento firmado entre el CIAT e Ideati, la firma panameña es denominada “empresa colaboradora”, aunque en los documentos remitidos a la SET se habla claramente de la subcontratación de la misma.
En el primer punto del acuerdo se establece que la empresa panameña será la encargada de la realización de los servicios informáticos relacionados al Pliego de Bases y Condiciones del Servicio de Actualización del Sistema Marangatu.
En el cuarto párrafo es donde se establece el monto del contrato, aproximadamente unos US$ 1.800.000.
El CIAT fue adjudicado inicialmente con un contrato de US$ 3.614.280. De ese total, cerca de la mitad quedó en manos de la empresa panameña.
Excepción no era la vía
Uno de los últimos testigos en la causa fue Pablo Seitz, titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).
Seitz fue consultado sobre si recuerda haber leído en la publicación de nuestro diario algún término que pudiera haber resultado ofensivo para alguna persona, a lo que respondió: “La nota de prensa de fecha 27 de marzo de 2019 carece de cualquier análisis sobre regularidad o irregularidad de los actos y que yo haya leído tampoco referencia algún tipo de conducta o calificativo a la conducta de alguna persona o funcionario”.
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“La nota periodística se refiere única y exclusivamente a elementos de hecho que pudieron ser todos constatados por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas”, continuó.
“Cuando la nota habla de falta de competencia, efectivamente no existió otro competidor en el proceso licitatorio. Cuando la nota habla de contratación directa por vía de la excepción, así se denominó dentro de la institución licitante, por más de que el nombre adecuado es contratación por vía de la excepción”, puntualizó.
Publicaciones se refieren a hechos constatados, dijo Seitz
“No existe ningún hecho que no haya podido ser constatado”, sentenció.
“Desde mi punto de vista podía haber sido utilizada la contratación por la vía de la licitación pública nacional o internacional. Este es un proceso de contratación estratégico”, refirió.
“Es difícil poder aceptar un proceso de contratación por vía de la excepción, en la misma línea que lo referido por la Contraloría”, acotó.
Además, recordó la existencia de un dictamen emitido por él mismo en 2013 para advertir que la excepción no era la vía para contratar al CIAT en otro proceso de compra para la realización de actualizaciones al sistema Marangatu. El dictamen fue ignorado.
Direccionamiento en contratación
Luis Corvalán, director de Tecnología de la SET, reconoció la existencia de un documento de febrero de 2016 en el que ya hablaban de la intención de direccionar la compra para la actualización del Marangatu. “Me dirijo a usted a fin de remitir adjunto a la presente los Términos de Referencia para la contratación directa del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT)” señalaba. “Era sugerencia”, afirmó.