Con el nombre de Nelly Varela -actual directora del colegio privado de Lambaré donde se denunciaron casos de abuso sexual en menores-, un grupo de padres que se habían manifestado en contra de las autoridades de esta institución ahora son comunicados que sus hijos ya no serán matriculados para el próximo año lectivo, alegando que sus “representantes” demostraron una “conducta contraria, de agresividad e irrespeto a las disposiciones” del lugar.
Al respecto, desde la redacción de ABC Color conversamos con un padre que recibió y confirmó la existencia de este documento, lamentando que, pese a un cambio en las autoridades del colegio, las medidas en torno a los graves casos denunciados siguen siendo las mismas y los presuntos abusos continúan siendo negados.
Ante el aviso de no continuidad de su hijo en la institución, el papá manifestó que primeramente buscará un apoyo psicológico para su pequeño, con el fin de comunicarle que no seguirá en este colegio, y acotó que, de momento, no estaría tomando una acción legal, atendiendo a que ya no busca estar vinculado con ese lugar ante las “medidas represivas” que llevan adelante.
“Esta es mi postura y queremos recuperar la membresía por una cuestión de moral. Hablo por mi caso y no por el de otros padres, pero ya no queremos continuar porque acá se consta que hay represalias”, sentenció.
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Manifestaciones ante denuncias
Tras una denuncia de un presunto abuso sexual que se habría registrado en este colegio privado el pasado 26 de abril, hubo una serie de manifestaciones de padres que exigían respuestas a la institución -que se mantenía con hermetismo- y también que el caso sea investigado.
Conforme avanzaba la investigación de este grave primer caso, se denunció otro más, en que otro pequeño también figuraba como víctima de abuso cometido presuntamente por los mismos victimarios, que eran estudiantes de cursos superiores.
En total, hubo tres personas procesadas por la Fiscalía ante las denuncias, tratándose de Carolina María Urbieta de Villate -directora en ese entonces-, María Gabriela Santiviago Rivarola -coordinadora de primer ciclo- y Olga María Feltes Ochoa -docente-.
Las mujeres llegaron a cumplir prisión preventiva; sin embargo, desde el 23 de mayo pasado fueron beneficiadas con el arresto domiciliario.