En comunicación con ABC Cardinal este martes, el presidente del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), Omar Pico, habló del incidente registrado el pasado sábado en una colonia de la zona de Itakyry, en el departamento de Alto Paraná, donde miembros de la comunidad indígena Ka’a Poty atacaron una finca privada.
Dieciocho personas fueron imputadas por los supuestos delitos de homicidio doloso en grado de tentativa, lesión grave, coacción grave, toma de rehenes, robo agravado, producción de riesgos comunes, amenaza de hechos punibles, asociación criminal y coacción sexual y violación.
Una representante legal de la familia Torrás, propietaria de la finca asaltada, responsabilizó del hecho al presidente del Indi por haber proveído de transporte a los miembros de la comunidad Ka’a Poty para su traslado a esa zona de Alto Paraná, y Pico explicó hoy la situación.
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Pico comentó que se realizó un trabajo para reubicar a la comunidad Ka’a Poty luego de su venida a Asunción, barajando “cinco o seis lugares” como posibles sitios para asentarlos, pero finalmente los miembros de la comunidad decidieron reubicarse en un terreno de unas 1.300 hectáreas en Alto Paraná, solicitando al Indi que les provea de un bus para su traslado.
El lugar elegido, según sabía originalmente el Indi, era una parcela ubicada a cinco o seis kilómetros de la finca de los Torrás, donde no había superposición con propiedad privada.
Sin embargo, cuando los nativos llegaron se produjo un conflicto con un colono de apellido Almeida, quien afirmaba tener un título de propiedad de la tierra a la que se trasladó la comunidad Ka’a Poty, pero los indígenas no quisieron ser reubicados inmediatamente, pidiendo unos días para reunirse en asamblea y deliberar el tema, periodo en el que un colono cedió parte de sus tierras para albergar a la comunidad.
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Asumió culpa por incidentes
Siempre según el relato de Pico, el 28 de junio, día pactado para retomar las conversaciones, el presidente del Indi regresó a la zona con miembros de la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso Nacional, entre ellos el senador Miguel “Kencho” Rodríguez, para llevar una propuesta de traslado, pero la negociación no pudo terminar porque los nativos “ya se radicalizaron” y no quisieron permitir el ingreso de la abogada Michelle Betancourt, representante legal de los colonos de la zona.
Ese es, según explicó Pico, el contexto en que se produjo el incidente del pasado sábado sobre el cual el presidente del Indi dijo asumir su “culpa”, al tiempo de señalar otras cuestiones de fondo.
Pico indicó que la mensura judicial para delimitar qué partes de las tierras en conflicto son del Instituto Nacional de Desarrollo de la Tierra (Indert) y cuáles pertenecen al Indi está trabada por la falta de un juez de paz en la localidad de Mariscal López, en el departamento de Caaguazú, en cuyo territorio están parte de las tierras en controversia.
También citó la influencia de “incitadores” en la comunidad Ka’a Poty, señalando específicamente a Rafael “Mbururu” Esquivel, uno de los imputados por el ataque del sábado.
“Me chantajean”
El presidente del Indi dijo que su institución está bajo constante presión por parte de comunidades indígenas que llegan a sus oficinas y “me cierran el portón cuatro o cinco veces al día”, exigiendo reivindicaciones y que las autoridades como la Fiscalía y la Policía Nacional hacen caso omiso a sus denuncias.
“La Policía no actúa, hicimos quinientas denuncias y no pasa nada. Me chantajean”, reveló Pico.