La Municipalidad de Luque, administrada por el intendente colorado Carlos Echeverría (cartista), prevé un presupuesto de G. 611 millones para la compra de diez motos patrulleras para la Policía Municipal de Tránsito, supuestamente para generar una “mayor presencia” en la ciudad. El Pliego de Bases y Condiciones (PBC) para el llamado a licitación pública nacional plurianual (2022-2023) fue aprobado hoy durante la sesión de la Junta Municipal con tres votos colorados y cuatro liberales.
El primer desembolso de G. 305 millones será este año y el segundo del mismo monto está previsto para el 2023. Cada moto patrulla costará US$ 10.000, aproximadamente, un equivalente a G. 61 millones por unidad. La Dirección de Tránsito de la Comuna luqueña tiene 23 agentes activos.
La semana pasada, el asesor de la Intendencia, Enrique Sandoval, defendió el pedido y señaló que por falta de móviles se redujo el control por la “infraestructura débil y frágil” que se tiene. Agregó que “a largo plazo” se compensará la millonaria inversión. Insistió en que las motos deben ser de “alta gama” para combatir a la inseguridad reinante en la ciudad.
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El costo de la moto patrulla
La Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) informó hoy a la Junta Municipal que el costo estimado de cada moto patrulla será de G. 61 millones, aproximadamente. Se especificó que cada moto costará G. 37 millones, más el precio de referencia del juego de luces led, casco y sirenas será de G. 6 millones, seguro de un año contra todo riesgo G. 3 millones, adiestramiento y mantenimiento G. 500.000, transferencia G. 1.200.000, seguro de fiel cumplimiento en la oferta G. 1.500.000, costo de referencia de la financiación años 2023-2024, G. 9.245.000, y otros.
Según el informe, la UOC averiguó, vía web y a través de llamada telefónica, el precio contado de una moto con igual característica de la marca Honda asegurando que el costo es de G. 37 millones.
“En base a estos antecedentes puede referir que el llamado cumple con los estándares establecidos”, dice el informe de la UOC.
Sin embargo, el asesor económico de la Junta Municipal sugirió acudir a “la opinión de un experto” para disipar todo tipo de dudas sobre el millonario llamado a licitación, pero la Comisión de Hacienda y Presupuesto, presidida por el concejal liberal Manuel Achucarro Gill (efrainista), recomendó la aprobación del PBC.
Firmaron el dictamen además de Achucarro Gill, los concejales Arnaldo Baeza (ANR cartista), Eliseo Fernández Oviedo (ANR cartista), Enrique Quintana (ANR cartista) y la liberal Francisca Franco (efrainista).
Direccionamiento de la compra
Dicha recomendación fue criticada por el edil colorado Juan Ángel Marecos (Fuerza Republicana), ya que el asesor recomendó recurrir a un experto, pero la Comisión recomendó su aprobación. “Está muy direccionado el dictamen si nuestro asesor hoy todavía no sabe nada y recién ahora le va a escuchar a la persona que viene a dar los datos técnicos (…) la compra está fuera de lugar por los costos que se quiere aplicar”, sostuvo Marecos.
A su vez, el asesor financiero de la Junta Municipal, Miguel Ángel Carvallo, dijo que el debate se trata sobre “la compra de una moto de alta gama versus una moto de producción nacional” y aclaró que sobre este detalle específico, “sería interesante escucharle al experto para ver cuál sería la mejor opción de compra”. El profesional se declaró “ignorante sobre la materia” y añadió que no conoce “mucho sobre motos”. Indicó que la moto que se desea comprar sería posiblemente de origen japonés.
Por su parte, el concejal colorado Diego Romero (Fuerza Republicana), expresó que solo de acuerdo “a la conveniencia” y a los intereses de ciertos sectores, es tenido en cuenta el dictamen del asesor financiero.
También criticó que se invierta la suma de G. 600 millones en la compra de las motos patrulleras mientras que cada Policía Municipal de Tránsito (PMT) tiene un salario de G. 1.500.000.
El concejal liberal José María Meza (efrainista) calificó de “muy costoso” el precio de cada motocicleta y señaló que se deben “optimizar los recursos” municipales para que sea de mayor utilidad para todos los luqueños. Agregó que por el presupuesto previsto para la compra se pueden adquirir más unidades incluso de producción nacional.
También dijo que no concuerda con la compra a crédito mientras que se pueden comprar menos cantidad de motos, para todo uso, al contado y no pagar G. 100 millones en intereses por año, ya que la adquisición será plurianual. El porcentaje del interés será de 24% anual (G. 10 millones por moto aproximadamente).
Defendieron el proyecto
Achucarro manifestó que el PBC fue estudiado tres veces y que existen sólidos fundamentos sobre la necesidad de adquirir este tipo de vehículos para realizar el patrullaje.
Baeza, señaló que cada legislador debe armar su propio criterio y aseguró que el dictamen del asesor no es vinculante porque “es su parecer”. “Cada uno de nosotros individualmente va a tomar el criterio que a él crea que corresponde”, dijo.
Apareció “un experto” en motos
A la sesión de la Junta fue invitada una persona de nombre Pedro Petersen, sindicado como experto en motos. En su carta de presentación dijo que era luqueño y que tenía un taller mecánico y que fue invitado por la asesoría jurídica de la Municipalidad de Luque. Agregó que no tiene “ningún interés”.
Sobre las motos que la Comuna prevé comprar, manifestó que “no son de alta gama”, mientras citaba las marcas líderes en el mercado que si encuadran en el término “alta gama”.
“Las motos que quieren comprar son de trabajo. Son motos para uso diario, tampoco para menospreciar las marcas nacionales que la mayoría están aquí en Luque, pero no son comparables con las motos nacionales en durabilidad, en mantenimiento (…) las motos nacionales son económicas de mantener pero no son durables. Las motos de origen japonés en verdad son brasileras pero con diseño y tecnología japonesa, son incomparables con productos nacionales que son productos chinos ensamblados aquí en nuestra ciudad”, explicó.
Aprobaron la compra
El dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto que autoriza la compra de diez motos patrullas a G. 60 millones cada uno fue aprobado por los colorados cartistas Arnaldo Baeza, Enrique Quintana y Eliseo Fernández.
También votaron a favor los liberales efrainistas Rómulo Pérez (presidente de la Junta Municipal), Francisca Franco, Manuel Achucarro Gill y Belén Maldonado (llanista).
En disidencia votaron los ediles colorados del movimiento Fuerza Republicana Diego Romero, Juan Ángel Marecos, Iván Velázquez y sorpresivamente el liberal José María Meza (efrainista).
El condenado Rubén González Chaves estuvo ausente.