El nuevo paso inferior peatonal ubicado a la altura del km 75,1 de la ruta PY02, en la ciudad de Eusebio Ayala, departamento de Cordillera, que está causando una ola de burlas y memes en las redes, se construyó en el marco de la duplicación de la mencionada vía, que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) adjudicó en 2016, bajo la ley Nº 5.102/13, más conocida como Alianza Público Privada (APP).
Esta obra se adjudicó durante el Gobierno de Horacio Cartes al Consorcio Rutas del Este, integrado por la española Sacyr y la firma local Ocho A (Luis Pettengill), y el grupo ofertó varios pagos que debe percibir durante los 30 años que durará la concesión de la carretera, cuyo monto estimado es de US$ 1.700 millones. La empresa Mota Engil también formaba parte de este grupo, pero cedió sus acciones a Ocho A tras el fracaso del metrobús.
¿Cuáles son los pagos que ofertó el grupo y que debe percibir durante los 30 años de concesión de la ruta PY02? ¿De dónde saldrán los recursos? ¿El peaje cubrirá el 100% de la inversión? Son algunas de las consultas que responderemos en esta nota.
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Grupo cobrará tres pagos de un fideicomiso
Según los documentos oficiales, los recursos para los pagos por esta APP saldrán del fideicomiso de la obra de duplicación de la ruta PY02, que es administrada por la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), donde se está depositando las recaudaciones del peaje a cargo del consorcio y los aportes estatales que hagan falta para cubrir los gastos.
El consorcio Rutas del Este debe cobrar tres pagos del fideicomiso, según los datos del contrato. El primero tiene que ver con el Pago Diferido de Inversión (semestral), denominado PDI, por el cual la empresa debe cobrar US$ 27.217.135, IVA incluido. El grupo percibirá este pago dos veces al año, por un período de 15 años, una vez entregada la duplicación de la ruta. El PDI se abonará por el financiamiento de la construcción de la ruta, cuyo costo total será de unos US$ 816 millones, incluyendo las tasas de interés.
Además, el consorcio se embolsará el pago anual de G. 145.292 millones (con IVA) en concepto de Pago por Disponibilidad (PPD), para el mantenimiento y operación de la vía. Este importe se desembolsará por los 30 años que durará la concesión, lo que significará un erogación de G. 4,3 billones (unos US$ 747 millones).
Justamente, según la adenda 2 al contrato, este pago ya comenzó a percibir Sacyr y Ocho A desde el año pasado por los tramos ya “funcionales”, que ya cuentan con “el acta de puesta en servicio provisorio”, es decir, los tramos habilitados a la circulación, según los datos oficiales. Sin embargo, no se sabe cuánto ya le están pagando por PPD.
A los pagos por PDI y PPD mencionados más arriba hay que sumar el Pago Variable del Tráfico (PVT), por el que el consorcio percibirá unos US$ 134 millones más en 30 años, que también debe percibir cuando concluya la duplicación (dependen del tránsito en la ruta).
En total, teniendo en cuenta los tres pagos, el grupo se embolsará con aproximadamente US$ 1.700 millones por construir, operar y mantener las rutas, durante los 30 años que durará el contrato, según las estimaciones, pero puede ser mucho más dependiendo del crecimiento del tráfico y otras variables que deben ser actualizadas. Para concretar la obra, la empresa consiguió la financiación de US$ 520 millones.
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En teoría, 60% de la inversión se debía cubrir con el peaje, pero el Estado está inyectando millones
Según el estudio de factibilidad que realizó la consultora Deloitte para el MOPC en 2015, la inversión de este proyecto debía cubrirse en un 60% con el peaje y 40% con aporte estatal. Sin embargo, esto no se refleja en la realidad, por lo que la mayor parte de la inversión ya se está cubriendo con aporte estatal, sin dar un respiro a las arcas públicas, como se espera de este tipo de obras.
Esto ya se notó en la millonaria inversión que realizó el Estado a través del MOPC en agosto del año pasado, cuando aportó US$ 45 millones al fideicomiso de la APP, de manera a cubrir los pasivos que estaba teniendo el proyecto. No se sabe si este año el Estado realizó más aportes al fideicomiso.
Los trabajos de duplicación de la carretera debían estar culminadas a esta altura, pero esto no se pudo porque el consorcio tardó en conseguir la financiación de las obras, además de que hubo retrasos en la liberación de la franja de dominio.
Ante esta situación, el consorcio Rutas del Este fue beneficiado con varias adendas durante este Gobierno, que se debería a la amistad que tienen Luis Pettengill, dueño de Ocho A, con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez. Pettengil incluso ahora quiere ser senador.
Por ejemplo, en la adenda 2, el MOPC autorizó una llamativa compensación de US$ 6,9 millones a Rutas del Este, que no estaba previsto en el contrato original de la duplicación de la ruta PY02, que según justificó el MOPC en su momento, son para cubrir los efectos económicos generados justamente por los cambios estipulados en el proyecto.
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El proyecto de duplicación de la ruta PY02 abarca 149 km desde Ypacaraí hasta el inicio de la concesión de Tape Porã (Dr. Juan Manuel Frutos).