Un equipo de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) recibió ayer a periodistas de este diario, donde defendieron las cuestionadas becas y capacitaciones que se están dando dentro de la institución, que solo en el 2020 le costaron más de G. 3.000 millones a la entidad, según se desprende de una auditoría de la Contraloría General de la República (CGR).
Juan Carlos Duarte Duré, presidente del ente; Eduardo Larroza, gerente administrativo y financiero; Miguel Chaparro, auditor interno; Diego Antonio Díaz, jefe de la división de comunicación social y Liliana Cano, jefa de la Unidad de Desarrollo Institucional, alegaron que están incorporando importantes cambios en la institución, tras la auditoría de la CGR que reveló irregularidades en varias áreas.
Según el ente contralor, en los meses de enero, marzo, mayo, agosto, junio, setiembre, octubre y diciembre del periodo 2020, la Conatel desembolsó el importe de G. 2.216 millones por “ayuda económica” en concepto de becas a estudiantes universitarios o pasantes de la institución, sin previo concurso de méritos y actitudes, incumpliendo lo establecido en las reglamentaciones vigentes.
El presidente de la Conatel, Duarte Duré, señaló que estas becas se otorgan a jóvenes de escasos recursos y que son contratados en la institución como pasantes. Pero no explicó con claridad cómo son seleccionados los beneficiarios, pero sí dijo que cumplen un papel muy importante dentro de la institución.
En este sentido, Liliana Cano dijo que tras los cuestionamientos de la Contraloría, desde diciembre de este año ya van a implementar concursos para elegir a los beneficiarios de la “ayuda” a los estudiantes.
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La CGR también cuestionó el manejo discrecional de recursos de la Conatel en cursos de capacitación, que en el 2020, en plena pandemia, le costó G. 815 millones a la institución, sin tener un plan anual para ello y sin considerar la duración mínima exigida. Se trata de contrataciones directas para los cursos, donde también fueron beneficiados los pasantes, cuando debe ser para funcionarios permanentes o contratados.
En este caso, Duarte Duré dijo que todas las capacitaciones son aprobadas a través de una resolución y de acuerdo a las necesidades. Además, señaló que la formación es fundamental para regular al rubro de las telecomunicaciones, donde se tiene un importante avance tecnológico. “La capacitación es fundamental porque el funcionario de Conatel es de primer nivel por las capacitaciones”, expresó.
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Agujero de G. 34.000 millones es por deuda, dicen
Asimismo, el gerente administrativo y financiero de Conatel, Eduardo Larroza, volvió a señalar que el “agujero” de G. 34.000 millones entre la facturación y recaudación que reveló la auditoría de la Contraloría es por deuda de los licenciatarios, es decir, lo correspondiente a las facturas crédito emitidas por el ente.
Resaltó que del monto total, una de las deudas más importantes del 2020 correspondía a Copaco, por más de G. 9.000 millones. Resaltó que otras instituciones como la Ande, la Municipalidad de Asunción y otras entidades públicas le deben millones a la Conatel.
No se remitió a la fiscalía
Desde la Contraloría confirmaron ayer que el informe de auditoría a la Conatel, correspondiente al ejercicio 2020, en el cual se reveló un “agujero” de más de G. 34.000 millones entre la facturación y recaudación de la institución, todavía no se remitió al Ministerio Público para analizar la existencia de hechos punibles. Sin embargo, en la institución aún no especificaron por qué todavía no enviaron el trabajo a la fiscalía, como manda la Constitución.